De los 13 estados donde habrá elecciones el próximo 5 de junio, la Ciudad de México, Veracruz y Chihuahua son los más endeudados de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En siete de ellos, más de la mitad de la población ocupada laboró en el sector informal al cierre de 2015, en tres de las entidades creció el porcentaje de pobreza y pobreza extrema al término de 2014 y, salvo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ninguno de sus actuales gobernadores han presentado su declaración patrimonial, fiscal y de interés.
De acuerdo con el documento “Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos”, publicado por la SHCP, la deuda de todos los estados sumó 536 mil 269 millones de pesos en 2015, 70 por ciento más que la alcanzada en 2010 (314 mil 664 millones de pesos), año en que comenzaron a operar la mayoría de los gobiernos estatales que serán renovados en las urnas el próximo 5 de junio.
Endeudarse en el presente, expone el documento “Deuda Pública” de la organización México Evalúa, implica que en el futuro se tendrá que reducir el gasto o aumentar los ingresos.
Tomando en cuenta sólo a los 13 estados que celebrarán comicios y a la Ciudad de México, donde también habrá elecciones para el llamado Constituyente, los cinco más endeudados al término de 2015 son la capital del país, con 71 mil 083 millones de pesos; Veracruz, con 45 mil 879 mdp; Chihuahua, con pasivos por 42 mil 762 mdp; Quintana Roo, con una deuda de 22 mil 442 mdp, y Baja California, con pasivos que suman 18 mil 169 mdp, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), destaca que Quintana Roo tiene comprometido más del 87 por ciento de sus participaciones transferidas por la Federación y Veracruz el 85 por ciento; es decir, “ya tienen poco margen para endeudarse”.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destacó en un mensaje semanal que a pesar de estos incrementos “en muchos casos, los recursos no se han visto reflejados en impulsar la mejora en la calidad de vida de la población”.
Por ello, el organismo cúpula del empresariado en México consideró fundamental que haya una corrección de los próximos gobiernos estatales, ya que ante la caída en los precios del petróleo las transferencias a los estados desde la Federación se contraerán en los próximos dos años.
Durante el primer bimestre de este año, Hacienda dio 118 mil 814 millones de pesos en aportaciones a entidades federativas. Tanto estados como municipios son altamente dependientes de éstas ya que “apenas generan el 16 por ciento de sus ingresos”, documenta el sector empresarial.
Una opción para que los estados no dependan tanto de estas transferencias, considera Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, es mejorar el cobro de algunos impuestos como el predial, ya que actualmente es ineficiente y no tiene una cobranza efectiva: los valores de las propiedades no están actualizados y no hay mecanismos efectivos para presionar u obligar a pagarlo, dice.
¿LEY PARA LIMITAR DEUDA DE ESTADOS?
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En marzo pasado, el Congreso aprobó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), bajo la cual gobernarán las próximas administraciones. De acuerdo con dos especialistas, la Ley pone un límite para el nivel de endeudamiento y genera mayor transparencia, pero “se queda corta” en sanciones y, si se hubiera realizado antes, los gobiernos salientes ya no podrían contratar deuda a corto plazo en sus últimos tres meses de administración.
Entre las medidas para controlar la contratación de deuda, la ley implementa un sistema de alertas para su medición y crea el Registro Público Único, el cual inscribirá todas las obligaciones y empréstitos contratados por todos los entes públicos locales. Esto exige a los estados con niveles insostenibles de deuda reportarlo a sus respectivos congresos y pedir autorizaciones para poder seguir accediendo a créditos, expone Guadarrama, del IMCO. Es un contrapeso por parte del Poder Legislativo.
Campos destaca que marca límites para que la deuda se utilice para inversiones productivas y regulariza los ingresos excedentes –los que los estados reciben posterior a la aprobación de sus presupuestos– para que un porcentaje importante de ellos sea destinado al pago de la deuda que tienen.
Sin embargo, el coordinador de Finanzas Públicas del IMCO asegura que se deben incorporar “mecanismos de sanción específicos por el incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera”. Para los funcionarios públicos “se queda corta” porque no existe un catálogo de tipos de sanciones ya sea administrativa o penal. “Solo remite a las mismas leyes de responsabilidad de los servidores públicos que hemos visto que no funcionan bastante bien”, expone.
Manuel Guadarrama enfatiza que si la ley hubiera llegado antes de las elecciones, al no ser publicada aún, hay una oportunidad perdida: existe una medida que prohibe que se contrate deuda de corto plazo en los últimos tres meses de administración.
VERACRUZ Y OAXACA: POBREZA Y ESTADO FALLIDO
De los 13 estados en proceso electoral destacan Veracruz y Oaxaca, que tienen focos rojos en la generación de empleos formales, el porcentaje de trabajadores en la informalidad y las miles de personas en situación de pobreza y pobreza extrema.
«Veracruz es un Estado fallido donde campea la corrupción y evidentemente ninguna política pública está funcionando. (…) Es un estado donde no va haber soluciones frente a la pobreza mientras sigan esos niveles de corrupción”, expone Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
De acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?, la entidad, lejos de alcanzar los 18 mil 675 nuevos empleos formales que tiene como meta, dejó de crear 4 mil 287 empleos durante el primer trimestre de 2016. En contraste, durante los últimos tres meses del año pasado, el 61 por ciento de los veracruzanos laboró en el sector informal, es decir, sin acceso a seguridad social.
El CCE ha reiterado mediante sus mensajes semanales que la creación de empleos formales abate la pobreza y la desigualdad de “una manera permanente en el tiempo”.
