El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, promulgó una nueva ley antiterrorista que protege a la policía, establece tribunales especiales y limita la libertad de prensa, la cual ha provocado críticas de grupos de derechos humanos.
El artículo 54 de la ley, publicada este lunes por la agencia estatal de noticias MENA, utiliza una amplia definición de terrorismo y en una cláusula la define como cualquier acto que altere el orden público por la fuerza.
Asimismo, la legislación establece la pena de muerte para los condenados por liderar «grupos terroristas» o financiar los ataques, además duras sentencias de cárcel para quienes fomenten «delitos terroristas» o dañen instituciones o infraestructuras del Estado.
La controvertida ley establece multas para los periodistas desde las 200 mil libras (25 mil dólares) hasta 500 mil libras por difundir informaciones sobre ataques u operaciones terroristas que contradigan los comunicados oficiales.
Los opositores a la ley estiman que las fuertes multas pueden obligar a cerrar a los periódicos más pequeños y disuadir a los más grandes de informar de manera independiente sobre los atentados y las operaciones contra los atacantes.
Asimismo, la legislación permite al presidente declarar el toque de queda y aislar zonas durante un periodo de hasta seis meses.
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Además otorga a funcionarios que no pertenecen al aparato de seguridad el poder de detener e interrogar a un presunto terrorista sin necesidad de obtener una autorización previa del fiscal.
El gobierno decidió acelerar la aprobación de la ley después del atentado con coche bomba a finales de junio, en el que murió el fiscal general egipcio, Hisham Barakat, que fue seguido por una serie de ataques yihadistas contra el Ejército en la península del Sinaí.
Los militares mostraron su enfado con los medios de comunicación por informar, citando a responsables de seguridad, más muertos que la reconocidas por el Ejército egipcio.
Respecto a la aprobación de la nueva ley antiterrorista, unas 17 organizaciones egipcias defensoras de los derechos humanos denunciaron que esa legislación representa un «asalto flagrante» a la Constitución y un «ulterior desgaste de lo que queda del sistema de justicia» del país.
Indicaron que «el peligro de ataques terroristas» no puede ser afrontado con leyes de seguridad, sino «ideológicamente y con un sistema legal que proteja las libertades públicas, establezca la justicia y evite que más personas se unan a grupos extremistas».
