Tras más de una década combatiendo a las bandas del narcotráfico en las calles, el Ejército mexicano está presionando para que se apruebe una ley que obligue a las autoridades civiles a volver a encargarse de la seguridad pública y con el tiempo permita que los militares vuelvan a los cuarteles.
A fines del 2006, el ex presidente Felipe Calderón comenzó a enviar miles de militares a los puntos más violentos del país para combatir a los cárteles de la droga por la debilidad de los cuerpos de policía, muchos de los cuales estaban completamente corrompidos por el narco.
Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo en una entrevista con Reuters que el proyecto de Ley de Seguridad Interior, que está considerando el Congreso, obligará a las autoridades civiles a retomar sus responsabilidades.
«Nosotros no vamos a resolver el problema (de la seguridad), el problema tiene más enfoques sociales, económicos (…) Todo tiene que converger para revertir el problema y devolverle a las instituciones que les corresponde la capacidad de hacer suya esta situación», dijo el Ramos.
El Ejército fue involucrado sin que existiera una ley que estableciera el rol que iban a tener cada una de las autoridades, en un país donde existen policías municipales, estatales y federales, además de policías de investigación.
Una fuente del Ejército que prefirió el anonimato comentó recientemente a Reuters que, por ejemplo, en algunas ocasiones los militares detienen a algún supuesto delincuente, pero luego los agentes del ministerio público no llegan o dejan ir al detenido, eludiendo sus responsabilidades.
De acuerdo a Ramos, esta ley permitirá a autoridades diversas «converger para revertir el problema», pues podrán por primera vez establecer tiempos, lugares y estrategias donde además se podrá medir el nivel de participación que tenga cada una de ellas.
RESPONSABILIDADES Y ABUSOS
La ley no considera sanciones contra quienes no cumplan con su papel, dijo Ramos, pero sostuvo que existen otras que sí lo prevén pero no se aplican.
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El secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo hace unos meses que los soldados no estaban a gusto ni estudiaron para perseguir delincuentes, y que su función constitucional se estaba desnaturalizando.
Sin embargo, el proyecto de ley ha sido mal visto por organizaciones de derechos humanos, que temen que la norma dé carta blanca al Ejército y la Marina para cometer abusos de autoridad como ha ocurrido en los últimos años.
Ambas fuerzas, además de la Policía Federal, han sido acusados en varias ocasiones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas.
«Nosotros, la Secretaría de la Defensa Nacional, no queremos que se nos den más atribuciones, ni que nos den atribuciones de policías pues no queremos que la ley esté previendo algo que violente los derechos humanos», agregó Ramos.
Distintas instancias de las Naciones Unidas han señalado que México debe fijar una fecha para el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles, sin embargo, los cuerpos de policía aún no están lo suficientemente limpios como para tomar en sus manos el combate a la delincuencia organizada, han dicho analistas de seguridad.
Cerca de 150,000 personas han sido asesinadas desde que Calderón comenzó a utilizar a los militares para combatir a los cárteles, que mantienen sangrientas luchas por el control de territorios y de rutas para enviar drogas a Estados Unidos, el principal mercado.
Los militares en combate a los grupos de delincuencia organizada, que también se dedican a secuestros, extorsiones y robo de combustible, son cerca de 40,000 de un total de 200,000 que integran el Ejército. Reuters
