El reciente informe de la ONU que sostiene que en México existe “tortura generalizada” provocó un rechazo airado por parte del Gobierno. La respuesta oficial defendió que considerar la tortura como una práctica sistémica, en un contexto de impunidad y con la participación de todas las fuerzas de seguridad, es un diagnóstico excesivo dibujado fuera de la realidad. La réplica reconocía en todo caso que la tortura no ha sido totalmente erradicada en México y que existen “casos aislados”. Un nuevo informe, esta vez de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ha recopilado los abusos documentados en la capital del país. Entre sus conclusiones destaca que en más del 60% de los casos, el objetivo es conseguir la confesión del detenido.
“En México su uso continúa siendo un fenómeno común y arraigado en las instituciones de investigación y procuración de justicia», reza el estudio. En los 21 años de actividad vigilante de la CDHDF —desde 1993— el organismo ha emitido 48 recomendaciones sobre tortura, que incluyen a su vez una batería mayor de quejas. En la última investigación, que abarca de 2009 a 2014, se han evidenciado 47 casos, que involucran a 95 víctimas.
Los abusos de los cuerpos de seguridad aparecen como una actividad continuada durante los diferentes escalones del proceso penal. Pero el momento de la detención y la estancia en las comisarías de policía concentran la mayor parte de los casos. Los métodos de tortura más denunciados de acuerdo a los testimonios de las víctimas son los golpes: en las costillas, la cabeza, la espalda y, en el caso de los hombres, los testículos. También consta la utilización de objetos como porras, palos o mangueras. Durante el informe, aparece como una práctica reiterada la conocida como el teléfono, que consiste en propinar golpes en ambos oídos con las palmas extendidas.
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Entre los actos de tortura psicológica, el más común es la simulación de descerrajar un tiro sobre el detenido. El estudio relata también abusos a través de episodios de asfixia. El conocido en la jerga como submarino seco, consiste en colocar una bolsa de plástico en la cabeza de las víctimas. Durante el tehuacanazo se introducen abundantes cantidades de agua por la nariz y boca. El informe subraya que pese a su prohibición tajante en la legislación mexicana, la tipificación del delito de tortura no se encuentra completamente homologada con los estándares internacionales.
En más del 60% de los casos las víctimas denunciaron que los actos de tortura buscaban la obtención de confesiones falsas. “Destaca la firma de hojas en blanco, la toma de fotografías con armas, y la presentación ante medios de comunicación reconociendo la comisión de delitos falsos”, recoge el informe. Los delitos imputados con más frecuencia a través de estas técnicas fueron robo, secuestro y homicidio.
Uno de los testimonios, recogido en 2003 por la CDHDF, relata a así la secuencia de los hechos: “Con las manos aún esposadas, lo bajaron del vehículo y lo introdujeron a su casa. Le abrieron las piernas y le pegaron en sus testículos; como él respondía que no sabía de qué le hablaban, continuaban profiriendo insultos. Después lo acostaron en el piso boca abajo, con varias personas sobre él; le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, mientras otros lo pateaban las costillas y el estómago. Sintió que se asfixiaba, hasta llegar a casi perder el sentido. Después lo llevaron esposado a donde estaban los medios de comunicación; lo sacaron de un cuarto, lo pararon en una pared, y le dijeron que tenía que decir lo acordado. Por el temor a ser torturado otra vez, hizo todo lo que le indicaron”.
