La muerte llegó a Francisca de la Luz mientras esperaba sentada el autobús en una parada al sur de la Ciudad de México. Era el primer día de febrero y el país estaba de puente. Jorge Miguel García Flores había bebido y perdió el control de su automóvil. Su coche golpeó a otro y después se subió a la acera para acabar la vida de la señora, que tenía 68 años y aguardaba el transporte junto a su nieta. El responsable del aparatoso accidente no contaba con un seguro de responsabilidad civil. La familia de la víctima ha tenido que desembolsar desde entonces unos 100.000 pesos (5.300 dólares) para cubrir los gastos funerarios y legales. Además, ha comenzado una tortuosa batalla en tribunales para que García Flores pague su imprudencia con una pena o reparando los daños.
Este ejemplo ilustra la alarmante realidad de las calles y carreteras mexicanas. Siete de cada diez vehículos particulares en el país no están asegurados. Solo el 33% de los cerca de 40 millones de automóviles cuentan con algún tipo de cobertura. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) calcula que cada año los gobiernos locales desembolsan unos 130.000 millones de pesos (7.000 millones de dólares) en reparar daños de conductores sin seguro.
Solo 14 de 32 entidades del país han incluido la obligatoriedad de los seguros en sus leyes locales. Yucatán, la Ciudad de México y Jalisco son los Estados con mayor cobertura de su parque vehicular privado con el 49%, 48% y 40%, respectivamente. Michoacán y Baja California, en cambio, tienen 15% y a la cola se encuentra Guerrero, con el 9%. Algunas capitales han adoptado la medida sin que los gobiernos estatales lo hayan hecho. Es el caso de Monterrey y Querétaro, dos ciudades muy pobladas que tienen la mayor cobertura del país: 51% y 64%, respectivamente. Todo el transporte de carga de mercancías y pasajeros en el país está obligado a tener seguro.
En México más de 15.000 personas murieron en accidentes viales durante 2014, la cifra más reciente validada por la Secretaría de Salud. Esto significa que el país norteamericano tiene una tasa de 13.3 muertos en sus carreteras por cada 100.000 habitantes, lo que lo coloca en el puesto 20 de 32 países de América según un informe de seguridad vial elaborado por la Organización Mundial de la Salud.
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Desde enero, las autoridades de la capital del país podrán dar multas que van de los 1.400 a los 2.800 pesos a los conductores que no tengan cobertura. A pesar de que la medida lleva un semestre en vigor, las aseguradoras únicamente han visto un crecimiento “marginal” en la contratación de seguros. “La gente no ha tenido la conciencia de comprarlo”, opina Luis Álvarez, responsable de daños y automóviles de la AMIS. Sus cálculos estiman que el crecimiento en la venta de pólizas no supera el 4% a pesar de que “las multas son más caras que el propio seguro”. La AMIS asegura que la protección más económica puede adquirirse con 700 pesos. Álvarez también desmonta uno de los mitos más extendidos. “La cobertura de responsabilidad civil no tiene deducible, los daños a terceros se pagan desde el primer peso”, agrega.
Rebollar, de Mapfre, asegura que la proyección es que en el próximo lustro se incremente a un 75% la cobertura de los seguros de responsabilidad civil. “No es un capricho de las aseguradoras, debemos considerarlo un seguro para las víctimas de accidentes viales”, considera.
La actividad de las aseguradoras representa para México el 2,1% del PIB. La cifra es inferior a la media latinoamericana, que está arriba del 3% y lejos del 7% de los países más desarrollados. “Vamos desfasados en esta materia porque la mayoría de los países ha visto que la obligatoriedad del seguro de los autos es un caso de éxito”, dice Rebollar. Colombia y Chile, por ejemplo, son países sudamericanos que cuentan con él.
