La corrupción tiene a México en terapia intensiva. María Amparo Casar, una reputada analista política del Centro de Investigación y Docencia Económica (Cide), ha realizado una radiografía de uno de los problemas más extendidos y de efectos más perniciosos en el país. Su libro, Anatomía de la Corrupción es un compendio de indicadores que dejan un panorama devastador. El texto revela que en 2014 México obtuvo una calificación de 35 puntos sobre 100, siendo 0 altamente corrupto, y ocupa el lugar 103 de 175 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, según los datos que recoge la académica. El país no solo no ha mejorado, sino que ha retrocedido de lugar 72 al 103 en tan solo seis años. “Hay que combatirla como si fuera un enfermedad y para eso lo primero es conocerla”, asegura la investigadora.
“Nuestra democracia es el soborno en su máxima expresión”, cita Casar a Gore Vidal para introducir las cifras angustiantes que muestran cómo perciben los mexicanos su país. El 79% considera que la corrupción es un problema serio , y el 52% piensa que ha aumentado mucho en los últimos dos años. En 1996 solo 502 notas periodísticas mencionaron la palabra corrupción, en 2014 fueron 29.505. “Y esto sin contar términos como: cohecho, moche, tranza, evasión… Esto, sin embargo, puede deberse a una mayor libertad de prensa y un incremento de los recursos dedicados a la investigación periodística”, aclara la autora, doctora en ciencias políticas por la Universidad de Cambridge.
El 91% de los mexicanos asegura que la corrupción es el pan diario de los partidos políticos y el 90% piensa lo mismo de la policía. El ejército es la institución que más se salva, aún así el 42% de los ciudadanos considera que también está contaminada. Pero en México nadie se libra. La política, las empresas y los ciudadanos de a pie visten el abrigo de la corrupción. 8 de cada 10 empresas que operan en México han padecido cuando menos un fraude en el último año, la mayoría de las veces para agilizar trámites y otras tantas para obtener alguna licencia o permiso. “No se trata de eliminar las inspecciones o mecanismos de control, pero sí de desarrollar mecanismos que impidan la utilización de estos para extorsionar”, subraya la académica, quien ha llevado acabo la investigación durante su año sabático en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En cuanto a los ciudadanos de pie se da un fenómeno que Casar caracteriza como “curioso”. Los mexicanos no se consideran corruptos. El 76% piensa que sus familiares son inmunes a la corrupción y el 70% que sus vecinos también están lejos de estrecharle la mano a este mal. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística reportó más de cuatro millones de actos de pequeña corrupción en 2013. “Si no somos nosotros, ni nuestros familiares ¿quién entonces los comete?”, pregunta la investigadora.
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La corrupción sale cara. Según datos del Banco Mundial que recoge Casar, la corrupción cuesta a México el equivalente al 9% de su PIB y 80% de la recaudación de impuestos. . En 2010 se destinaron más de 32 millones de pesos a las mordidas. Las familias destinan un 14% de sus ingresos anuales a pagar actos de corrupción, pero la cifra asciende a un 33% para los hogares que perciben un salario mínimo. “La corrupción representa un impuesto regresivo considerable para los más pobres”, asegura.
“Los mexicanos debemos entender que la corrupción puede ser rentable para sus beneficios en el corto plazo, pero en el agregado sus costos son mayores que sus beneficios”, reflexiona Casar. México no se ha quedado de brazos cruzados en la lucha contra la corrupción, sin embargo, el impacto de sus iniciativas o políticas anticorrupción ha sido nulo. Desde la creación de la Secretaría de Contraloría en 1982, pasando por el Instituto Federal de Acceso a la Información, en 2002, o la Comisión Nacional Anticorrupción propuesta por Enrique Peña Nieto en 2012, ninguna de estas acciones se ha traducido en una menor corrupción ni menor impunidad. De 1998 a 2012 se han presentado 444 denuncias penales a través de la Auditoría Superior de la Federación, de las cuales sólo han habido siete consignaciones. Y de los 41 gobernadores que han sido acusados de 2000 a 2013, sólo 16 casos se han investigado y cuatro han terminado detenidos. En Estados Unidos, de los nueve gobernadores acusados, los nueve han sido investigados y los nueve están detenidos.
Es un problema que tiene solución, asegura la analista. Como ejemplo dice que Uruguay y Chile han mejorado hasta tener mediciones comparables con las de Reino Unido. “No existe receta perfecta”, explica Casar, pero concluye con cinco propuestas para iniciar la erradicación de este mal que llama “enfermedad”: a nivel federal, acompañamientos de la sociedad civil en la redacción de leyes secundarias; a nivel estatal, homologación de códigos penales para delitos de corrupción; a nivel municipal, uso de herramientas digitales para reducir trámites en ventanillas. Perseguir de oficio los delitos de corrupción, y prohibir el uso de dinero en efectivo en actividades gubernamentales.
