La caja de Pandora del caso Petrobras permanecerá cerrada como máximo hasta el próximo viernes, cuando está previsto que el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, presente la denuncia formal contra los implicados en el gigantesco esquema de corrupción de la petrolera estatal brasileña. Pero el cierre no es hermético: el último nombre filtrado es el del expresidente de Brasil Fernando Collor de Mello, acusado de recibir sobornos por valor de tres millones de reales (casi 1,1 millones de dólares) de BR Distribuidora, una subsidiaria de la petrolera.
Es la tercera vez que la investigación se encuentra con el nombre de Collor, presidente de Brasil entre 1990 y 1992 y actualmente líder en el Senado del Partido Trabalhista Brasileiro (parte del bloque de Gobierno). Es la primera, sin embargo, con detalles de cómo fue su supuesta participación en la red corrupta que desvió miles de millones de dólares entre 2004 y 2013. La acusación, revelada por el periódico Folha de S. Paulo, procede de Alberto Youssef, un cambista implicado en el desvío y blanqueo de dinero que, gracias a un acuerdo con la Justicia, se ha convertido en el delator más prolífico de la Operación Lava Jato (lavacoches, en portugués, porque utilizaban lavanderías y gasolineras para sus negocios) y en uno de los personajes más mediáticos del escándalo.
Según Youssef, el expresidente Collor habría recibido el soborno en 2012, a cambio de un contrato de 300 millones de reales (105 millones de dólares) entre una red de gasolineras y la empresa BR Distribuidora. El dinero se entregó en tres plazos y en efectivo al empresario Pedro Paulo Leoni Ramos, amigo del político y ministro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos durante su gobierno. Los vínculos no acaban ahí: Ramos también está siendo investigado, en el marco de la misma operación, por una transferencia de 4,3 millones de reales (1,5 millones de dólares), hecha por una de sus empresas a MO Consultoría, de Youssef.
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El expresidente ha negado conocer al delator y ha asegurado que las informaciones de la prensa proceden de testimonios “tomados en circunstancias que bordean la tortura de un notable violador de la ley”.
La mancha de Petrobras afecta a todos: desde el año pasado circula una lista con los nombres de 28 miembros de varios partidos (entre ellos el presidente del Senado y un exministro), proporcionada por Paulo Roberto Costa, el arrepentido exdirector de Abastecimiento de la petrolera. Hasta el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, ha entrado esta semana en el ojo del huracán, al revelar varios medios brasileños que, en las últimas semanas, se había reunido en su despacho con abogados de al menos tres constructoras investigadas —Odebrecht, Camargo Corrêa y UTC— sin registrarlo en su agenda oficial, que es pública. Ante las constantes filtraciones, el fiscal Rodrigo Janot pretende divulgar de forma oficial la identidad de todos los acusados políticos. El gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el más afectado por el escándalo, ha insistido en que apoya la transparencia de la investigación. “Cuanto antes se divulguen los nombres de los implicados, mejor”, afirmó el secretario nacional de comunicación del partido, José Américo,
