México y los michoacanos demandan una nueva cultura de legalidad, y por ende requiere con urgencia un Estado ético con funcionarios éticos. Por ello, un país libre de corrupción, será siempre un país de mayor progreso y dignidad. Con la aprobación del paquete de reformas que impulsó Silvano Aureoles en la Cámara de Diputados, el estado y los ciudadanos contarán con herramientas para combatir y erradicar este flagelo que daña la vida social, la economía y el funcionamiento del servicio público, destacó el dirigente del PRD, Carlos Torres Piña.
El líder estatal enfatizó que la iniciativa impulsada por Silvano Aureoles durante su gestión como presidente de la Mesa Directiva, aborda la forma y el fondo en el combate a la corrupción, cáncer que durante décadas ha enfermado a todo el cuerpo social, incluyendo por supuesto, cada uno de sus órganos gubernamentales.
Torres Piña señaló que el PRD hará propuestas para mejorar el funcionamiento gubernamental y asumirá el compromiso en el combate a la corrupción como una las prioridades para el proceso electoral en puerta.
“En nuestro país, la corrupción se ha enquistado como una conducta antijurídica y antiética, que desafortunadamente, para algunos, parece una práctica normal y cotidiana, entre servidores públicos y ciudadanos. Es un mal del que todos conocen su existencia, pero nadie se atreve a combatirlo y erradicarlo”.
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“México y Michoacán necesitan de instituciones sólidas, capaces, honestas, transparentes y sobre todo muy profesionales, donde la corrupción y todas sus ramificaciones y formas de manifestación, se conviertan en un acto severamente sancionado con la fuerza de la ley y de las instituciones, pero también con la fuerza moral de nuestra sociedad”.
Detalló que en la propuesta impulsada por el candidato de los michoacanos, Silvano Aureoles, el PRD propone incorporar al catálogo de obligaciones de los servidores públicos, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como resarcir el pago de la indemnización derivada de responsabilidad patrimonial, en los términos de la legislación aplicable”.
“En materia de responsabilidades de los servidores públicos, el Estado no debe, no puede ser benevolente, con quienes han traicionado la confianza de la sociedad, por ello, el día de hoy, mediante esta iniciativa, estamos proponiendo calificar de grave los actos de responsabilidad que trascienden e impactan gravemente en el bienestar social, como el uso indebido de atribuciones y facultades, abuso de funciones y tráfico de influencias, así como el manejo inadecuado de los recursos públicos que ha trascendido hasta su distracción con el fin de obtener un beneficio personal o para favorecer los intereses de amigos y familiares, con el fin de que sean severamente sancionados”, destacó el dirigente del PRD.
