Organizaciones de defensa de los derechos humanos hicieron público este jueves un documento del sumario del juicio castrense por el caso Tlatlaya, donde se recogen las instrucciones del estamento militar a la patrulla que acabó con la vida de 22 supuestos narcos la madrugada del 30 de junio del año pasado en el Estado de México. Una de las órdenes era “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) respondió el viernes con un comunicado de prensa donde objeta que la información revelada es incompleta, y que el espíritu general de las instrucciones del documento es que “las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto de los derechos humanos”.
El documento –una Orden de Relevo y Designación de Mando– fue dirigido al teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quién estaba al frente de la tropa de los siete soldados que participaron en la operación. Todos, incluido el teniente, están hoy detenidos bajo la sospecha de que lo ocurrido aquella noche pudo tratarse de ejecuciones sumarias, y no de un tiroteo cruzado entre la patrulla y el grupo de presuntos narcotraficantes, como durante los primeros meses defendió el Ejercito.
El informe del Centro Prodh, la asociación que tuvo acceso al sumario militar en su condición de abogados de una de las tres supervivientes y testigo del caso, no incluye el documento en su totalidad. Pero en el cuerpo del informe sí se especifica que si bien la orden alude en varios pasajes al “respeto a los derechos humanos” y es acompañada de un anexo titulado “Conductas que deben evitarse en operaciones”, estas instrucciones son, a juicio del Centro Prodh, contradictorias con el mandato de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. El estudio de la organización civil incide en que el resto de conductas recomendadas “no amainan la contundencia de esta instrucción, generando en el mejor de los casos una confusión impropia de un ejército profesional”.
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El comunicado de la Sedena subraya que el documento recoge hasta “38 indicaciones que buscan proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas, además de privilegiar el respeto a los derechos humanos”. Entre ellas: evitar los cateos (entradas en un domicilio) sin orden de la autoridad judicial, trasladar a los detenidos a las instalaciones militares, garantizar la seguridad de las personas inocentes o evitar generar víctimas colaterales.
La investigación abierta por la Procuraduría General de la República (Fiscalía) –en paralelo al juicio que se libra también en fuero militar– apunta a que al menos ocho de los 22 fallecidos fueron ejecutados a sangre fría. Por su parte, la versión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) eleva a 15 el número de muertos, entre ellos dos adolescentes, bajo el tiro de gracia a manos de los ocho soldados. La CNDH añade además que después de los hechos los militares manipularon la escena del crimen para hacer creer que todos habían caído durante un cruce de disparos.
La Secretaría de Gobernación (Interior) también salió al paso de la publicación del documento publicado por las ONGs. El subsecretario de derechos humanos de la institución dijo el viernes en una entrevista para Radio Formula que «el término abatir tiene muchas acepciones y ninguna es privar de la vida”, y que además las instrucciones contienen “referencia constantes y suficientes sobre el respeto a los derechos humanos”.
A esta reacción del Gobierno, el Centro Prodh lamentó que el debate se desplace a lo lingüístico en vez de centrarse en la depuración de responsabilidades. “No es de la definición de los diccionarios de donde surge la alerta de los organismos civiles, sino del significado presente en las actuaciones castrenses. Así, recordamos que la orden de abatir se menciona hasta en cuatro ocasiones, donde este verbo es empleado como sinónimo de privar de la vida”.
Las asociaciones de derechos humanos que siguen el caso –Amnistía Internacional, Artículo 19, CMDPDH, entre otras– demandan un ensanchamiento de la investigación para determinar a fondo las posibles responsabilidades de toda la cadena de mando que intervino aquella noche. Solicitan además que la causa recaiga por completo en tribunales civiles, ya que según la jurisdicción internacional, al tratarse de violaciones de derechos humanos el caso excede la competencia de la justicia militar.
