El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) entregó a senadores un decálogo para prevenir prácticas y conductas ilícitas en el servicio público.
En las audiencias públicas, que organizaron sobre la materia, las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, la presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, indicó que ello generará espacios en lo que la transparencia y rendición de cuentas eleven los costos de la opacidad y la corrupción.
Destacó que la lucha contra este problema se convirtió en un tema prioritario que requiere una atención especial y una política de Estado integral.
En ese sentido, indicó que se necesitan acciones e instrumentos para el acceso y uso efectivo de la información por la sociedad, pero también para promover su participación en la toma de decisiones gubernamentales y fomentar la rendición de cuentas como un elemento fundamental para el éxito de esta política pública.
En la sede del Senado expuso que es indispensable que en la legislación secundaria se establezcan las condiciones y requisitos para cumplir con la obligación que los servidores públicos presenten una declaración patrimonial y de intereses, como los establece la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015.
Esta disposición, recordó Puente de la Mora, permitirá publicitar las actividades e ingresos ajenos a la función pública, al ayudar a prevenir posibles conflictos entre los intereses del sector privado y del público.
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La comisionada expresó que dicha declaración, junto con otros elementos como la adopción de códigos de conducta o de ética y la puesta en operación de observatorios sociales son reclamos legítimos, en esta materia.
Al igual, abundó, que el establecimiento de la responsabilidad de las personas morales que participan o deseen participar en contrataciones públicas, concesiones y en general todo tipo de acto administrativo.
En el encuentro, el comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford refirió que de acuerdo con los bancos Mundial y de México y FORBES la corrupción tiene un costo de aproximadamente nueve puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) en México.
Un estudio de Transparencia Mexicana, refirió, concluyó que los hogares de más bajos recursos económicos tienen que destinar casi 33 por ciento de su ingreso al pago de sobornos para tener acceso a servicios, como inscribir al niño a la escuela o presentar una denuncia ante un ministerio público.
«Es claro que los efectos de la corrupción son devastadores para la sociedad mexicana. Por ello resulta apremiante reformar el marco institucional del país para garantizar que tengamos un gobierno honesto que invierta los recursos públicos de manera eficaz y eficiente». añadió.
