Ahuacuotzingo es un pequeño pueblo de la montaña de Guerrero. Esto significa al menos tres cosas. Una, que está enclavado en el corazón de los mayores campos de opio de América; dos, que el narco controla la zona, y tres, que hacer política ahí es jugarse la vida. Aidé Nava González, de 41 años, la última candidata del PRD (izquierda) en Ahuacuotzingo, y su familia son una prueba de ello. La cabeza de Nava fue hallada el martes en una pista de tierra. A su lado, en una tela blanca, había un mensaje escrito con letras rojas: “Esto le va a pasar a todos los putos chaqueteros y putos políticos que no se quieran alinear. Firmado: Puro Rojo ZNS”. El cuerpo, con inexplicable pudor, había sido tapado con una manta. La autopsia determinó que la política, una viuda conocida por su coraje, fue torturada con una saña escalofriante y que, aún viva, le habían cortado el cuello. Posiblemente, antes de morir rememoró lo ocurrido el 28 de junio de 2014.
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Aquel día, Francisco Quiñónez Ramírez, de 42 años, alcalde de Ahuacuotzingo por el PRD entre 2009 y 2012, conducía una camioneta Ford Lobo roja. Cargaba con las compras para su fiesta de cumpleaños. Quiñónez era un hombre popular y con un fuerte compromiso social. Su intención era volver a concurrir a las elecciones de junio de 2015. A la altura de la partida de Tierras Prietas fue emboscado. Los sicarios lo sacaron del coche y acabaron a balazos con su vida. Todo ello ocurrió frente a su acompañante y esposa, Aidé.
Era la segunda vez que la tragedia fulminaba a la mujer. El 11 octubre de 2012, el hijo de la pareja, Francisco, de 15 años, fue secuestrado. La última vez que se le vio fue en un vídeo de pésima calidad subido a YouTube en el que el muchacho imploraba a sus padres que pagasen 17.000 dólares de rescate (unos 16.000 euros). A día de hoy sigue en el limbo de los desaparecidos, esa tierra de nadie que en México pueblan 23.000 personas. “Para mí que está muerto, pero si sigue vivo, ya no tiene ni padre ni madre que paguen el rescate. Aquí es así. Te matan y nadie investiga ni sabe nada”, afirma Pedro Nava, primo de la asesinada y líder de una ONG en la zona. Conocía bien a la fallecida, y la admiraba: “Aidé decidió tomar el relevo de su marido cuando lo asesinaron. Le preguntamos si no tenía miedo, dijo que sí, pero que prefería seguir adelante”.
Así es la política en Guerrero. En la última década han sido asesinados 60 miembros del PRD en ese volcánico Estado, el más violento de México. También han caído militantes y dirigentes del PRI y del PAN. A la puerta de su casa, mientras desayunaban en un hotel, en plena carretera… Poco importa el lugar. El brazo del narcoterror hace ya mucho que alcanzó a la política. El caso Iguala destapó al mundo su inmensa barbarie. La muerte de Aidé Nava, cotidiana y perdida en la montaña, volvió a recordarlo.
Las autoridades federales han apuntado a tres Estados —Guerrero, Michoacán y Tamaulipas— como zonas de alto riesgo para las elecciones locales y estatales de junio. En muchos de sus municipios, los candidatos viven al filo del abismo. Aidé Nava (oficialmente precandidata) era uno de ellos. Su asesinato ha sido atribuido por el PRD a Los Rojos, un salvaje cartel que desde hace años libra un combate a muerte con Guerreros Unidos, la organización criminal causante de la tragedia de Iguala. La señal que dejaron al borde de la carretera es meridiana: el infierno espera a quien no se doblegue a sus designios. El territorio es suyo.
