El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aplicará el protocolo «antinarco» que podría llevar a expulsar de sus filas a Érick Ulises Ramírez Crespo, alcalde de Cocula, Guerrero, detenido ayer jueves por presuntos nexos con el cártel de “Guerreros Unidos”.
El edil se suma al otrora presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, también de extracción perredista, ligado al crimen organizado y ahora preso.
El protocolo de Ética y Legalidad del PRD aplica un llamado expreso a Ramírez Crespo para que se abra a una colaboración absoluta con las autoridades a efecto de establecer de manera plena su responsabilidad; además, se le pedirá a las autoridades una investigación apegada a derecho.
Hoy viernes a las 13:00 horas, la dirigencia nacional perredista dará una conferencia de prensa en encabezada por su líder nacional, Carlos Navarrete Ruiz, donde ratifica que las investigaciones deben llevarse a cabo sin tintes partidistas.
A slight activity in intimate check here free viagra india parts of women.In male the enhance flow of blood increases the sensitivity in the female intimate parts and helps in providing stronger and firmer erections. The sex therapists’ new caseloads consisted of erectile failure, low sexual desire and compulsive sexual behavior. buy levitra wholesale The goal is best levitra price that the patient’s pain be significantly reduced compared to P1. Helps to boost your sexual energy There is a healthy impact on entire online order viagra body after taking VigrX pills.
«De parte del PRD no ha habido, ni habrá, encubrimiento de nada y de nadie», indica la propuesta de documento que será leído hoy en la dirigencia nacional del sol azteca.
El protocolo conocido como «antinarco», fue creado por el PRD en noviembre de 2014 como resultado de las investigaciones a José Luis Abarca, quien llegó a la alcaldía de Iguala bajo las siglas del PRD y ahora se encuentra encarcelado por su presunta relación con el crimen organizado y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dicho protocolo ha sido aplicado una vez, en diciembre de 2014, al otrora alcalde de Soledad Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, tras ser acusado de desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, por lo que fue expulsado del perredismo.