El senador Luis Humberto Fernández Fuentes consideró que la corrupción y la impunidad han vulnerado al Estado, incompetente para retener delincuentes de alta peligrosidad, y ha hecho de sus prácticas un elemento que parece omnipresente en la vida cotidiana, por lo que presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal que califica como delincuencia organizada las redes de complicidad contra la ley.
Señaló que las prácticas de corrupción han generado en México un breviario de la podredumbre, que tiene actores privados y públicos que actúan de acuerdo y en organización en actos de secuestro, narcotráfico, extorsión, desaparición forzada, soborno, tráfico de influencias, cohecho, desvío de recursos, abuso de autoridad, condicionamiento de servicios públicos, prevaricato, malversación.
El legislador del PRD agregó en las prácticas corruptas el pago a sobreprecios, compras innecesarias, retraso injustificado de pagos, nombramientos basados en el interés de grupo, uso indebido de información, desarrollo de proyectos a solicitud y acuerdo del contratista, otorgamiento y mantenimiento de concesiones para favorecer a privados.
Incluso, dijo, se cometen en contubernio sentencias trucadas, incompetencias pactadas, negligencia a modo, apropiación de bienes públicos, trampas en las elecciones, corrupción de jueces y de los jueces, perversión de la justicia, permitir fugas, la lucrativa omisión, entre muchos otros actos de corrupción en grupo.
En tribuna del Senado, Fernández Fuentes argumentó su iniciativa de considerar delito de delincuencia organizada, y por tanto grave, los actos de corrupción en el servicio público y que por ello se castiguen con cárcel de 10 a 15 años y multa de 150 a 450 días.
La iniciativa de Luis Humberto Fernández Fuentes, quien es secretario de la Mesa Directiva del Senado, plantea reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En dichos preceptos adiciona que actuar en asociación o banda, al corrupto se le destituya, desde luego, de su empleo, cargo o comisión, y pueda ser sujeto de prisión de 10 a 15 años y multas de 150 a 450 días, y se le inhabilite de tres años y hasta en forma permanente para desempeñar cargo o comisión públicos.
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Integrantes de las Fuerzas Armadas que resulten implicados en una red de corrupción, recibirían penas que aumentan en una mitad; se le impondrá la baja definitiva, y se le inhabilitará de cinco años hasta de forma permanente para desempeñar cargo o comisión públicos.
Al exponer sobre su propuesta, Fernández Fuentes señaló que “los actos de corrupción no son realizados por actores aislados: se desarrollan sobre la base de redes de corrupción que constituyen una industria integrada, que cubre desde la planeación, operación, manejo financiero, blindaje jurídico, hasta la cobertura política. La ingeniería de la corrupción es compleja, sólida y funcional”, advirtió.
Refirió que al inicio de 2015, 60 por ciento de los mexicanos percibía un aumento en la corrupción, mientras que 36 por ciento la consideraba el principal problema del país. Agregadas las prácticas de impunidad, lo que se genera es desconfianza ciudadana hacia quienes deben sancionar estas conductas.
Agregó que el Barómetro Global de la Corrupción da cuenta de que en México 87 por ciento asocia a los servidores públicos con corrupción. Los hechos son contundentes afirmó el legislador, ya que la información de la Secretaría de la Función Pública arroja que el número de sancionados es ínfimo y centrado en operadores de bajo nivel.
“La atrofia es tal, que la Secretaría de la Función Pública ni siquiera existe en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Es decir, es un órgano sin un fundamento firme y el nuevo sistema no empieza a funcionar”.
“Por lo tanto la propuesta que hoy pongo a consideración de ustedes es equiparar los delitos de corrupción a crimen organizado”.
