México celebrará este domingo las elecciones regionales marcadas por violentas presiones a los candidatos, que sufren los embates del crimen organizado para infiltrarse “a plata o plomo” en municipios en busca de seguir dominando vastas zonas del país.
La campaña electoral fue la más convulsionada en las últimas dos décadas: 16 candidatos y dirigentes políticos resultaron asesinados y una veintena de aspirantes abandonaron la carrerapor temor a correr la misma suerte.
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Varios partidos ni siquiera presentaron postulantes en las regiones más conflictivas.
Estos serán los mayores comicios intermedios de la historia de México, en donde se elegirán nueve gobernadores y 500 diputados federales. Pero también están en juego más de 1.200 cargos estatales y municipales, en la mira de los grupos del crimen organizado que, lejos de contar con aspiraciones políticas, buscan tener a las mal pagadas policías locales en su bolsillo para sus negocios, que van desde el secuestro y la extorsión hasta el narcotráfico.
Dos de los estados más candentes son Guerrero y Michoacán. Allí, los candidatos tuvieron que moverse con pies de plomo para hacer campaña, con autos blindados y custodia, sobre todo luego de que aspirantes a alcaldías fueran abatidos o secuestrados.
“Cuido a dónde voy, con quién voy, las horas en las que voy”, reconoció Héctor Astudillo, candidato por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador de Guerrero, donde se cree que fueron masacrados el año pasado 43 estudiantes.
En Michoacán, que estuvo al borde de una guerra entre grupos criminales y de autodefensa, el candidato izquierdista a alcalde del municipio de Yurécuaro, Enrique Hernández, fue asesinado hace casi tres semanas. “(A los candidatos) los quieren obligar a que negocien con la delincuencia”, se lamentó Miguel Ángel Sandoval, jefe estatal del partido izquierdista Morena, a quien se lo veía afectado por la muerte de su correligionario Hernández, quien integró las autodefensas el año pasado.
La violencia ha sido una constante en la historia de México, que fue testigo hasta del asesinato en 1994 de un candidato presidencial, Luis Colosio, por motivos políticos. Pero ahora es el crimen organizado el que erosiona la democracia en la segunda mayor economía de Latinoamérica.
En la carrera para estas elecciones hubo ataques a candidatos o dirigentes de partidos en alrededor de una tercera parte de los estados del país, incluyendo a la capital.
“Ha sido doloroso para nuestro estado esta intromisión del crimen organizado en los gobiernos mezclado con la clase política”, dijo Silvano Aureoles, candidato puntero en las encuestas para gobernador de Michoacán. “De plano nos acabaron gobernando los delincuentes tanto en los municipios como en el estado. Y eso no puede ser”, agregó.
Los aspirantes a la alcaldía del municipio guerrerense de Chilapacasi no hicieron campaña. Ni se animaron a salir de su municipio –donde decenas de personas han desaparecido– luego de que el postulante del PRI fue asesinado el primero de mayo cuando sicarios interceptaron la camioneta en la que viajaba.
“A determinadas horas de la noche hay retenes de delincuentes, y ellos mandan, nadie entra”, dijo sobre algunas zonas Celestino Cesáreo, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna el estado.
Una camioneta del equipo del candidato a gobernador Jorge Camacho, del Partido Acción Nacional (PAN), fue acribillada a tiros en la carretera que bordea la llamada Costa Grande del estado. Camacho no estaba adentro y sus dos ocupantes salieron ilesos, probablemente gracias a que el vehículo era blindado.
“Las elecciones intermedias permiten el reacomodo de los cuadros políticos, entonces la delincuencia tiene que volver a negociar que los acuerdos que tenía antes se sigan respetando”, explicó Francisco Franco, analista de Consultores en Inteligencia y Seguridad (CIS). Es difícil hacer pronósticos sobre cómo quedará el equilibrio de fuerzas a nivel municipal tras las elecciones, pero a nivel legislativo las encuestas dicen que el gobernante PRI mantendrá su mayoría relativa en la Cámara de Diputados y ganará varias elecciones estatales.
La capacidad del crimen organizado de infiltrarse en los gobiernos locales quedó al desnudo el año pasado con el escándalo de la desaparición de los estudiantes en Guerrero. La investigación de los fiscales reveló que el exalcalde de la ciudad de Iguala, donde ocurrió la supuesta matanza, ordenó a la policía detener a los estudiantes y los entregó a un grupo criminal que los habría asesinado y calcinado. El caso despertó una ola de indignación que trascendió las fronteras de México.
Y los familiares de los jóvenes aseguran que las elecciones no deben llevarse a cabo porque son una afrenta en un país donde ellos aseguran que no hay justicia y que los políticos son a menudo cómplices de la delincuencia. Desde la desaparición de los estudiantes hace ocho meses, el Gobierno ha intentado controlar al crimen con la presencia de miles de militares y policías federales en Guerrero, el estado con la mayor tasa de homicidios del país.
