La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc, afirmó que la discriminación posee hondas raíces culturales e históricas que normalizan la exclusión, y es por ello que las acciones de este organismo se basan en combatir la discriminación estructural.
Al inaugurar el Congreso Internacional “Buenas Prácticas en el juzgar: Género y los Derechos Humanos”, agregó que un grupo que para el Conapred es particularmente importante el tema de las mujeres trabajadoras del hogar.
Indicó que la normalización en los hogares de las condiciones de injusticia que viven refleja que no es nada más una batalla jurídica o de política pública, sino realmente una batalla cultural por superar esta “normalización de la discriminación”.
Señaló que la discriminación estructural está presente también en los sistemas de justicia y en las políticas públicas y en la legislación, así como en el ámbito privado, en los ambientes escolares, en la familia y en los trabajos,
“Se normaliza la discriminación porque está omnipresente en la vida de las personas”, dijo.
Por generaciones
Haas explicó que la discriminación estructural es que no son casos aislados de discriminación sino prácticas reiteradas, ni tampoco se trata sólo de un sujeto discriminador, sino que se sustituyen personas, pasa por generaciones y la discriminación continua.
“Esto se da porque el sistema mismo, el sistema normativo e institucional más amplio es discriminador en sí mismo”, expuso.
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Explicó que es notable que se suman los casos y de manera reiterada se visualiza que efectivamente las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas y las mujeres pobres sufren de mayor discriminación y condiciones de desventaja ante grupos de hombres en similares circunstancias.
Foco rojo
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez, destacó la necesidad de visibilizar estos espacios y del foco rojo de lo que significan los retrocesos y señalar lo debido en materia de género.
Señaló que un Estado democrático debe garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, y debe ser como el reconocimiento de la diversidad y de la obligación estatal para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres.
Reconoció que la discriminación que sufren algunos sectores como el femenino está enraizado en una forma institucionalizada que permiten la violencia adicional por el simple hecho de ser mujer, ya sea discapacitada o migrante, y se convierte en una perversión mayor.
Retroceso
Finalmente, el director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pablo Salazar, subrayó que eliminar la discriminación de género es de la máxima relevancia para el México de hoy, pero lamentablemente es un tema que se ha tenido una tendencia de retroceso.
Indicó que se debe continuar la lucha para colocar el tema de género y de los derechos humanos en el centro de la ecuación, de la reflexión e interpretación de las normas y de las decisiones jurisdiccionales, es un reto que en México no se ha logrado.
