El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que su Gobierno seguirá buscando a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, retenido brevemente la semana pasada, pero sin poner en riesgo a la población.
Sin embargo, entre enero y septiembre, 25,890 personas fueron asesinadas en el país, un 2.4% más que en el mismo lapso del año pasado. De seguir los niveles actuales, 2019 cerraría como el año más sangriento desde 1997, cuando comenzaron los registros.
El jueves, soldados detuvieron por unas horas, en Culiacán, Sinaloa, al joven narco, luego de que criminales amenazaron con protagonizar una masacre si no liberaban al hijo del capo preso en Nueva York.
“Nosotros no vamos nunca a optar por la guerra, por la confrontación o por el uso de la fuerza. Lo que nos importa es la vida de las personas”, dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina.
La decisión de liberar a Guzmán generó fuertes críticas contra el gabinete de seguridad que reconoció falta de pericia para llevar a cabo la captura y fallas legales.
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“Definitivamente hay algo que a corto plazo este gobierno no está logrando, por lo que tendría que analizar a dónde va su estrategia de seguridad”, dijo Romain Le Cour, investigador de la Universidad de la Sorbona, quien ha realizado amplios trabajos enfocados en la seguridad en México.
“Políticamente, Culiacán deja una tormenta”, agregó.
Opositores al mandatario han criticado la decisión y advierten que esto podría ser un “mal mensaje” para la sociedad, que al menos en ese caso fue sometida a las decisiones de grupos delictivos.
Funcionarios de alto rango dijeron la semana pasada que el hijo de El Chapo tenía una orden de aprehensión provisional y una solicitud de extradición por Estados Unidos. Reuters
