Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz para tomar declaración a cinco funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, como parte de la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido el pasado 31 de julio.
En total hermetismo y sin acceso para la prensa al inmueble de la Fiscalía –igual que ocurrió el pasado martes 11, cuando el gobernador Javier Duarte se presentó a declarar sobre el mismo hecho–, las primeras en rendir su declaración fueron Benita González y Namiko Matzumuto, presidenta y secretaria ejecutiva, respectivamente, de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP).
Ambas ya sabían del hostigamiento y acoso que policías estatales y “orejas” o espías de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Política Regional de Veracruz realizaban en contra de Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista colaborador de la revista Proceso y la agencia Cuartoscuro, –una de las cinco víctimas del multihomicidio–, así como contra otros fotógrafos y reporteros de la capital del estado.
También rindió declaración el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, a quien estudiantes y activistas responsabilizan como el autor intelectual del ataque armado a una casa de universitarios el pasado 5 de junio, hecho del que Espinosa Becerril dio amplia cobertura fotográfica y en el que participó la activista social Nadia Vera, otra de las víctimas del multihomicidio.
Además, acudió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Luis Fernando Perera Escamilla.
La quinta persona citada para rendir su declaración del caso ante agentes del Ministerio Público de la PGJDF era el extitular de la SSP, Sergio López Esquer. Sin embargo, no se logró acreditar que haya asistido en el transcurso de este martes a la Fiscalía para cumplir con la diligencia.
Rubén Espinosa y Nadia Vera fueron ejecutados junto con Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín el pasado 31 de julio en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñon, en la colonia Narvarte, delegación Benito Juárez.
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El pasado 28 de enero, en una reunión de periodistas de Veracruz con el entonces secretario de Gobierno, Gerardo Buganza –hoy precandidato a gobernador por la vía independiente– y el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo, el fotoperiodista de Proceso increpó a los funcionarios sobre “el acoso” de los empleados gubernamentales, policías estatales y oficiales vestidos de civil en su contra.
Buganza prometió tomar cartas en el asunto. Entonces, el monitoreo de “las orejas” disminuyó aunque sólo por tres semanas, pues después todo volvió “a la normalidad” y continuó el hostigamiento.
Luego de la toma de declaraciones, este martes la Fiscalía General del Estado resaltó –en un comunicado– que los empleados del Ministerio Público de la PGJDF no tienen “jurisdicción” en la entidad. Por esta razón, agregó, tuvieron que apersonarse con autoridades locales para que las declaraciones de servidores y exservidores públicos de Veracruz tuvieran “validez legal”.
La dependencia detalló: “El motivo de la solicitud de declaración de estos servidores y exservidores públicos es ampliar las investigaciones en torno al caso del multihomicidio ocurrido el pasado 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, en el que fueron hallados sin vida, entre otras personas, el fotorreportero Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera”.
El comunicado de esta fiscalía “autónoma” recalca que desde el primer momento en que el gobernador priista Javier Duarte fue enterado del hecho, se puso en comunicación con el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a quien le ofreció “apoyo y la colaboración de manera incondicional” por parte de las instituciones veracruzanas.
“El Gobierno de Veracruz y, en especial el gobernador del Estado, se deslindan total y categóricamente de este lamentable hecho ocurrido en la Ciudad de México donde, como se ha repetido en múltiples ocasiones, es responsabilidad de las autoridades de aquella entidad resolver el caso”, enfatiza el comunicado.
