Tribunal de Guatemala ordena traslado inmediato a centro asistencial privado al ex dictador Efraín Ríos Montt para que le practiquen evaluaciones psicológicas.
Fue ingresado al hospital privado Los Pinos, ubicado en la capital guatemalteca, para que sea evaluado física y psicológicamente y determinar si puede enfrentar juicio. En una ambulancia privada, junto a varios guardaespaldas y su hija Zury Ríos, ingresó al hospital en una camilla.
El Tribunal de Mayor Riesgo B, que intenta juzgar por delitos de genocidio al ex gobernante (1982-1983), ordenó que sea trasladado a ese recinto asistencial.
Ríos Montt, de 89 años, es acusado por la fiscalía por la muerte de 1.771 indígenas ixiles, asesinados a manos de soldados del ejército que estaban a su mando durante su gobierno de facto.
El tribunal ordenó su internamiento por 12 días para que un panel de 10 médicos revise su salud y establezcan su condición médica.
El tribunal también fijó para el 18 de agosto una nueva audiencia para conocer los informes médicos de Ríos Montt y establecer que pasos se tomaran en el caso.
Hace dos semanas el tribunal había ordenado que el ex general fuera trasladado al Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora por temer por su condición física y psíquica debido a que el militar estaba siendo medicado por su médico general y su familia, lo que el tribunal estimó ponía en peligro su vida.
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Sin embargo, los defensores del ex dictador lograron a través de varios recursos legales frenar el traslado.
La defensa de Ríos Montt ha presentado cientos de recursos legales para evitar que nuevamente sea juzgado.
El ex dictador fue juzgado y condenado en mayo del 2013 por un tribunal que lo encontró culpable de los delitos de genocidio y contra los deberes de humanidad, pero el caso fue anulado por la Corte de Constitucionalidad que ordenó un nuevo juicio por supuestos vicios en el debido proceso.
Entonces Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión y su ex jefe de inteligencia fue absuelto de los mismos cargos.
El martes la defensa también recusó a la jueza María Eugenia Castellanos por considerar que estudió en Europa con becas pagadas con financiamiento extranjero. La defensa siempre ha manejado la teoría que el juicio es ideológico y que gobiernos extranjeros financian a las víctimas a quienes señalan de ser de izquierda.
El tribunal rechazó la recusación contra Castellanos. La jueza dijo que el recurso era frívolo y extemporáneo y que la recusación violaba su derecho a la dignidad como mujer y como ser humano y su derecho a capacitarse.
