Sin embargo, sus propuestas fueron consideradas como insuficientes por legisladores demócratas, quienes pidieron el cierre de los centros al considerar como «inaceptable» la detención hasta por un año de personas que solicitan estatus como refugiados.
Johnson señaló como primer cambio la fijación de fianzas de liberación que sean «razonables y realistas» tomando en cuenta la capacidad de las familias migrantes para cubrir el monto, que en ocasiones oscila entre los cinco mil y ocho mil 500 dólares por persona.
Asimismo, instruyó a agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a realizar entrevistas con los detenidos en un tiempo razonable, a acortar el periodo de detención de familias que soliciten refugio y asegurarse que comparezcan en las cortes migratorias.
Mencionó que la permanencia de los centros de detención facilitará la identificación y deportación de individuos que no justifiquen una solicitud de refugio.
«Nuestra gran esperanza es que las familias centroamericanas escucharán nuestros llamados reiterados para encontrar un camino seguro y legal para la migración de sus niños a Estados Unidos», manifestó Johnson.
Un puñado de legisladores demócratas reaccionó de inmediato al anuncio del DHS, al considerarlo como un paso en la dirección correcta.
Sostuvieron, empero, que la solución final debe ser cerrar por completo los centros de detención de familias migrantes.
«No se puede encarcelar a un niño por un año. Eso es inaceptable», declaró en rueda de prensa en el Capitolio el demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez.
Zoe Lofgren, abogada migratoria y representante por California, sostuvo que los centros de detención deben ser cerrados y remplazados por un sistema más barato de manejo de casos para asegurarse que las personas comparezcan en sus procesos migratorios.
El costo de detención migratoria asciende a 125 mil dólares por persona al año, por lo que se considera absurdo retener a una madre y a un niño a un costo de un cuarto de millón de dólares al año porque no pueden pagar una fianza de cinco mil dólares.
«Es inaceptable que continúen en estas circunstancias», afirmó Gutiérrez.
Aunque el DHS había anunciado en semanas pasadas que revisaría todos los casos de familias que han permanecido detenidas más de 90 días, los legisladores que visitaron algunos de los centros dijeron que ese no ha sido el caso.
El demócrata de Texas, Julián Castro, sostuvo que una solución intermedia sería que las familias sean liberadas, sin necesidad de pagar fianza, en tanto esperan turno en las cortes, un proceso que puede demorar más de un año.
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