El Colegio de Abogados interpuso una demanda penal en contra de los siete consejeros del IEPCT y contra quienes resulten cómplices o encubridores del delito de coalición, por aprobarse un salario superior a lo permitido por la Constitución.
Los demandantes exigieron cárcel para los árbitros electorales que se auto incrementaron el salario en casi 150 mil pesos en nómina (94 mil pesos neto en sobre, incluyendo impuestos).
El grupo de abogados encabezados por Pedro García Falcón, Saúl Pérez Galicia, Javier Ramos Martínez y Sergio Antonio Reyes, acudieron ayer a la Fiscalía General del Estado, para interponer la denuncia de hechos de posible carácter delictivo que quedó asentada bajo la Averiguación Previa, AP-DGI-87/2015.
La demanda incluye a todos los consejeros: a su presidenta Maday Merino Damián y a sus compañeros Claudia Jiménez López, Idmara de la Candelaria Crespo Arévalo, Jorge Enrique Gómez, José Oscar Guzmán Miguel Ángel Fonz Rodríguez y a David Cuba Herrera, que aunque fue el único que públicamente ya rechazó el incremento y anunció que devolverá el importe de las quincenas que ya cobró, no lo exime del delito cometido, según el Colegio de Abogados.
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Otro de los denunciados en la querella fue el secretario ejecutivo del IEPCT, Roberto Félix López, así como quienes resulten responsables, cómplices o encubridores, por los delitos que resulten por el aumento salarial realizado, en contravención del artículo 9 Constitucional.
Estamos denunciando a los Consejeros por el delito de Coalición y los que resulten, la Coalición de funcionarios públicos implica que se hayan puesto de acuerdo para actuar contrariamente a lo que establece una Ley y en este caso la Ley contra la que actúan es la Constitución del Estado, que fija como tope máximo para los consejeros el salario de los magistrados numerarios, que es de 65 mil pesos y ellos confesaron cobrar más de 94 mil pesos”, expuso Sergio Antonio Reyes Ramos.
Los abogados tabasqueños advirtieron que las sanciones van desde multas económicas, inhabilitación y hasta prisión de dos a siete años, en caso de que se compruebe el delito.
En tanto que la Fiscalía General de Tabasco inició las investigaciones, ya que en un plazo no mayor a tres días después de presentada la denuncia el MP integra las pruebas, es decir que solicitará al área administrativa del IEPCT, los informes respectivos del total de percepciones de los consejeros, recibos de pago, de nómina u otros.
