El informe de EY (Ernst & Young) sobre el escándalo de OHL en México no se pronuncia sobre el nuevo proceso de reequilibrio tarifario del Viaducto Bicentenario que ha provocado un gran escándalo en el país. “Este proceso no ha finalizado por lo que no hemos realizado una revisión del mismo”, dice el informe, que sí valida la revisión tarifaria de 2011.
La contratación de un experto independiente para que realizase una investigación fue la respuesta de OHL a la difusión de unas grabaciones que arrojaban sospechas de corrupción y que han supuesto la dimisión del consejero de OHL Pablo Walletin y del secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena Vargas, por la aparente connivencia entre la empresa y la Administración. Las conclusiones del informe, sin embargo, no hacen la menor referencia a esas grabaciones y fuentes conocedoras del encargo señalan que ni siquiera se había pedido a EY investigar al respecto.
El grupo que preside Juan Miguel Villar Mir ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la consultora ha terminado su informe y que no ha hallado irregularidades. Sin embargo, EY deja claro que no se pronuncia sobre el polémico proceso. En paralelo, el Estado de México ha encargado un informe a PwC y OHL México, otro a KPMG. En paralelo, puede haber una investigación judicial y policial.
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«Nunca podría auditarse algo que no existe ni se ha planteado en los términos deducibles de unas conversaciones que OHL México mantiene como manipuladas2, sostienen fuentes de OHL. «Tampoco puede pronunciarse la auditoría sobre una intervención fraudulenta de las comunicaciones privadas de OHL México, que previa manipulación fueron difundidas a través de una red social. OHL México investiga para substanciar cuanto antes sus sospechas de quien ha realizado un delito muy penalizado en México como es intervenir comunicaciones privadas para, una vez manipuladas a través de un montaje, viralizarlo en una red social. En cualquier caso, nada relacionado con lo que dicen las grabaciones ha tenido desenlace en hechos», añaden en la compañía.
Por ello, EY se limita a señalar que, como consecuencia del adelanto de las obras de la Etapa II, se cumplen las condiciones para solicitar y obtener un nuevo equilibrio financiero, pero deja claro que no se ha realizado una revisión de este proceso.
El informe, pues, da por bueno el reequilibrio de la concesión en 2011, que no tiene nada que ver con las grabaciones difundidas,aunque también podía verse afectado por la sombra de la duda. EY concluye que aquel proceso de reequilibrio, único realizado hasta la fecha, «resultaba necesario de acuerdo con el título de concesión y se realizó conforme a los términos dispuestos en el mismo». «Sobre la base del trabajo realizado que se detalla en la sección de alcance de este informe [cuyo contenido no se publica], no hemos detectado ninguna irregularidad ni perjuicio económico para la Administración del Estado de México en el desarrollo económico-financiero de la concesión», concluye sobre el antiguo proceso, diferente al que ha desencadenado la polémica.
La conclusión de OHL es que la auditoría certifica un comportamiento ortodoxo por su parte en el pasado, con contratos similares a los que tienen en México otras muchas concesionarias, tanto a escala estatal como federal. «También ratifica que OHL ha construido parte de la segunda fase del viaducto y que ello le da derecho a plantear el reequilibrio, que es lo que hecho en una carta. Es decir, audita como correcto todo lo que son comportamientos reales de OHL México en relación con el título de concesión del Viaducto», añaden fuentes de la compañía.
El Viaducto Bicentenario, destinado a descongestionar el tráfico, fue encargado a OHL durante el mandato del actual presidente Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Se realizaba en tres etapas. Los sobrecostes de la primera etapa dieron lugar a la revisión tarifaria acordada en 2011. Ahora, se había puesto en marcha un nuevo proceso de reequilibrio por la ejecución adelantada de parte de las obras de la fase II.
A ese proceso es al que se refieren las grabaciones de origen desconocido: “La etapa dos la vamos a hacer hasta el año 2023 y queremos cobrar por adelantado como si ya lo estuviéramos haciendo… Estoy casi seguro, con lo mañosos que somos, de que sí están los gastos de inversión de la tercera etapa”, comenta Wallentin en una de las llamadas telefónicas realizadas, supuestamente, el 10 de enero de este año. En los gastos también se incluían las proyecciones de una tercera ampliación, que no se realizará hasta dentro de 18 años. “Entonces esto es un fraude. Vamos a meter unos gastos de una fase que nunca vamos a construir”, responde José Andrés de Oteyza, el presidente del consejo de administración en México, que pide que no se le involucre en las negociaciones.
