El presidente argentino, Alberto Fernández, ratificó este viernes su intención de expropiar la agroexportadora Vicentín, la cuarta mayor del país, una decisión que genera polémica y que para hacerse efectiva deberá contar con el apoyo del Congreso.
«La expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa, no hay otro modo», declaró el mandatario, un día después de recibir al presidente de la gigante cerealera.
El gobierno puso en marcha el miércoles la intervención admistrativa de la empresa considerada estratégica, argumentando que busca evitar una quiebra que podría arrastrar a centenares de productores. En tanto, prepara un proyecto de ley de expropiación para enviar al Congreso.
La exportadora de aceite y granos se declaró en cese de pagos y convocatoria a acreedores en diciembre.
El anuncio del proyecto de expropiación fue rechazado por empresarios y otros agroexportadores, que consideran que debería seguir su curso el proceso judicial de concurso de acreedores, y provocó protestas en Santa Fe y Buenos Aires, así como denuncias de la oposición.
– «Inoportuno» –
También analistas opinan que el anuncio no cae en el momento más oportuno ya que Argentina se encuentra en plenas negociaciones para que sus acreedores acepten la propuesta oficial de reestructuración de unos 66.000 millones de dólares en bonos regidos por ley extranjera. Este viernes vencía el plazo para una respuesta de los acreedores, pero una vez más fue postergado, hasta el 19 de junio.
«Además de inoportuno, denota improvisación, falta una línea clara en lo económico, y se expone a un desgaste prematuro en la opinión pública», comentó el consultor político Carlos Fara.
Hasta fines de mayo, las encuestas daban un notable crecimiento de la popularidad del presidente a más del 60% de aprobación, por su gestión para controlar la pandemia.
Pero esto podría cambiar «si avanza con la expropiación», advirtió Fara.
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«Yo les pedí (a los directivos de Vicentín) una alternativa. Lo que ellos proponen es que el Estado ingrese a la empresa sin expropiación. Lo que pasa es que eso supone un acuerdo con empresarios que están muy salpicados. Y eso es muy poco transparente», aseveró el presidente.
Según Fernández, «ellos saben que no tienen aire y que solo el Estado puede socorrerlos».
Vicentín acumula una deuda de 1.300 millones de dólares con 2.638 acreedores, muchos de ellos cooperativas de productores agrícolas. También debe unos 255 millones de dólares al estatal Banco Nación, entre otras deudas con entidades públicas y privadas.
Los créditos otorgados a Vicentín por el Banco Nación están bajo investigación judicial en una causa en la que se imputó a Sergio Nardelli, hasta ahora director de la empresa, y a Javier González Fraga, titular de la entidad bancaria durante el anterior gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Basterra, también dijo que «no hay otra alternativa más que la expropiación» pero agregó que «si se encuentra otro instrumento, de mejor aplicación y a menor costo, bienvenido sea».
Fernández recibió el jueves en la residencia oficial a Nardelli, con la presencia de Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, donde está emplazada la empresa.
Al término de la reunión, Perotti dijo que el presidente estaba dispuesto a «escuchar alternativas superadoras».
Aún no hay fecha prevista para el envío del proyecto de ley de expropiación de Vicentín al Congreso. AFP
