La Fiscalía colombiana pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue al expresidente y actual senador Álvaro Uribe por su presunta relación con una masacre perpetrada por paramilitares hace 18 años.
La oficina de prensa de la Fiscalía informó a The Associated Press que decidió enviar a la Corte Suprema copias del interrogatorio realizado a un exjefe paramilitar que relacionó a Uribe (2002-2010) con la matanza de 15 personas en octubre de 1997.
Un grupo de fiscales colombianos que viajó a Miami para interrogar al exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias «Don Berna», quien relacionó a Uribe con la matanza ocurrida en el corregimiento El Aro, en el departamento de Antioquia y a unos 338 kilómetros al noroeste de Bogotá.
El envío de copias no equivale a una indagación formal como tal. Sólo es la petición de un funcionario judicial para que la autoridad competente analice si hay o no méritos para pasar a una investigación formal.
Uribe extraditó a Estados Unidos, en mayo de 2008, a los principales cabecillas del paramilitarismo, entre ellos a «Don Berna», por cargos relacionados con el narcotráfico.
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«Estoy acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales», agregó el ex gobernante en referencia a las elecciones para gobernadores de departamentos, alcaldes, diputados de asambleas y concejales que tendrán lugar en Colombia en tres semanas. El partido de Uribe, el Centro Democrático, participará en las elecciones.
Ya en febrero un tribunal regional había pedido a la Corte Suprema investigar a Uribe por los hechos de El Aro, ocurridos cuando él era gobernador de Antioquia (1995-1997).
La medida de la fiscalía se suma a otras acciones de la justicia colombiana sobre Uribe desde que dejó la presidencia en agosto de 2010. Al exmandatario se le señala por la comisión de delitos que van desde el auspicio de grupos paramilitares hasta espionaje a magistrados, periodistas, activistas y opositores durante su gobierno, pero no hay ninguna investigación formal.
Uribe asegura ser víctima de una persecución política de la justicia y del presidente Juan Manuel Santos, quien en el pasado fue su ministro de Defensa y socio político.
