La fiscalía de Ecuador pidió el jueves hasta ocho años de cárcel para el ex presidente Rafael Correa y una reparación al Estado por unos 1.130 millones de dólares en el marco de un juicio por supuestos sobornos pedidos a contratistas para financiar campañas electorales entre 2012 y 2016.
En agosto del año pasado, una jueza ordenó prisión preventiva contra Correa en el caso y en febrero de 2020 arrancó un juicio penal por el delito de cohecho contra unos 21 exfuncionarios y empresarios, incluyendo el exmandatario, quien reside en Bélgica.
La fiscal Diana Salazar solicitó al tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la pena máxima para Correa por este tipo de delito y que considere agravantes como «autor mediato por tener el dominio de la organización y poder absoluto sobre la estructura, así como por ser beneficiario de los sobornos».
El pedido de pena máxima hecho por la fiscalía también se extiende para otros implicados, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas, actualmente en prisión por otro caso, exministros y algunos contratistas del Estado.
Sin embargo, los jueces que integran el tribunal serán quienes decidan si aceptan o no el pedido de la fiscalía y la sentencia final sobre dichas acusaciones.
El delito de cohecho tiene una pena máxima en Ecuador de seis años de prisión y que con agravantes podría llegar a ocho años, según el procurador, Íñigo Salvador.
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La fiscalía dijo además que pidió una reparación integral de 1.130 millones de dólares, disculpas públicas y la publicación de la sentencia en la prensa.
Correa ha negado las acusaciones y ha dicho que todo se trata de una persecución del presidente Lenín Moreno, su heredero político, quien tomó distancia con el exmandatario desde que llegó al poder en mayo del 2017.
«Ahora Salazar nos acusa de ‘crimen organizado’, un delito diferente al de cohecho. La prueba está en que tuve ‘ministros y secretarios’ (…) Que haga bien su canallada. Si falla, la presa será ella», dijo Correa en su cuenta de Twitter.
Correa no ha dicho abiertamente si participará en una candidatura presidencial en 2021, pero frecuentemente habla sobre «recuperar la Patria», lo que podría verse perjudicado por una decisión judicial adversa.
El ex mandatario enfrenta también una orden de prisión por un supuesto secuestro a un político opositor. Reuters
