El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón sufrió su primera baja al quedar sin efecto el nombramiento del director del DIF estatal, José Eduardo Santos González, porque tiene menos de 30 años de edad, que en su artículo 23 la Ley de Asistencia Social del Estado de Nuevo León exige para ocupar el puesto.
Manuel González Flores, secretario General de Gobierno, admitió que la falla fue de su área, por no verificar que el ahora ex funcionario estatal no cumplía con el mencionado requisito.
Comentó que será en abril de 2016, al cumplir la edad señalada, cuando se determine si Santos González será nuevamente designado para el mismo cargo, que ocupará por el momento Manuel Olivares, un funcionario que venía laborando en el DIF estatal.
La pifia del gobierno estatal fue evidenciada por la diputación local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, y fue enmendada horas más tarde por el secretario General de Gobierno.
El martes, el diputado local Samuel García, coordinador del partido Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para modificar por adición el artículo 40 de la Ley Estatal Electoral, a fin de obligar a los partidos políticos a postular candidatos menores de 30 años, en una proporción acorde con el segmento poblacional que representan.
Explicó García que si bien los partidos tradicionales como el Partido Acción Nacional (PAN) o el PRI establecen en sus normas internas cuotas de hasta el 30 por ciento de posiciones para este sector, en los hechos es letra muerta porque no se trata de una obligación legal, como ya ocurre con la paridad de género para el caso de las mujeres.
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Agregó que la Constitución Política señala como requisito para ser diputado el contar con 21 años cumplidos, pero en las pasadas elecciones del 7 de junio, de 400 aspirantes a diputados locales, sólo 40 eran menores de 30 años y únicamente uno llegó al Congreso por la vía de la representación proporcional, y siendo que los jóvenes representan el 27 por ciento de la población del estado, solamente el 2.4 por ciento de la Legislatura es de menores de 30 años.
En el mismo sentido, el diputado Héctor García, del PRI, dijo, no podemos quejarnos de falta de oportunidades para los jóvenes, si se mantienen candados a su participación política o en funciones de gobierno, por lo cual como legisladores deben modificar las leyes que coartan o limitan sus derechos.
Precisó que cuando se cuestionó el nombramiento de José Eduardo Santos González como director del DIF, no fue por su juventud, sino porque la ley actual establece el requisito de contar con 30 años cumplidos al momento de la designación.
Sergio Arellano Balderas, del Partido del Trabajo (PT), expresó que los cambios en la historia moderna han sido generalmente impulsados por los jóvenes, y debe promoverse que sean creadores de políticas públicas, no sólo destinatarios de las mismas, ante una realidad de exclusión y marginación, y donde ser joven en muchos casos es un delito.
Cosme Leal, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que los jóvenes tienen derecho a votar a partir de los 18 años, pero sólo pueden ser votados a partir de los 21. Propuso, que se modifique la legislación para que al menos se incluya un candidato a regidor de 18 a 21 años en las planillas de los cabildos.
