El Gobierno de Estados Unidos pidió a la Corte de Apelaciones con sede en Nueva Orleans invalidar el fallo del juez de Texas, Andrew Hanen, que suspendió las acciones ejecutivas para casi cinco millones de inmigrantes indocumentados.
En una audiencia que se prolongó más de dos horas y que contó con una movilización de activistas del país fuera de la Corte, el abogado del Departamento de Justicia, Benjamin Mizer, calificó la decisión de Hanen como legalmente errónea, por lo que pidió sea anulada.
La orden de Hanen suspendió la entrada en vigor de la versión ampliada del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) que debía entrar en vigor en febrero, así como el programa para adultos DAPA, previsto a ser implementado a partir de mayo.
Scott Keller, el abogado general de Texas, Estado que inició la demanda junto con otras 25 entidades del país, argumentó que la decisión del presidente representó un abuso de su autoridad ejecutiva en un asunto que afecta a los estados del país.
El panel de tres magistrados escuchó los argumentos orales y cuestionó a ambos abogados, pero como se esperaba no tomó ninguna decisión inmediata. El proceso de análisis podría demorar varias semanas o meses.
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En las inmediaciones de la Corte, cientos de inmigrantes indocumentados y activistas desafiaron la lluvia para celebrar una ruidosa manifestación acompañados de una banda de jazz clásico.
“No más deportaciones”, rezaba la manta de una mujer enfundada en una bolsa de plástico transparente, para guarecerse de la lluvia.
Maríaelena Hincapie, abogada del Centro Nacional de Ley Migratoria (NILC) y quien estuvo dentro del recinto, reconoció que es muy difícil anticipar cuál será la decisión de la Corte de Apelaciones.
Los cuestionamientos de los jueces abarcaron la discrecionalidad ejecutiva de los programas, si fueron un pretexto para beneficiar a la mayoría de los inmigrantes indocumentados y cuáles son las implicaciones de la presencia legal en Estados Unidos.
