El Gobierno de Enrique Peña Nieto puso en marcha toda la maquinaria legal y diplomática de la embajada mexicana en España para ayudar a Humberto Moreira cuando estuvo preso.
El cónsul de México en Madrid, la procuradora Arely Gómez y demás funcionarios consulares se interesaron por la situación legal del priista y buscaron, sin éxito, ayudarlo por todos los medios, según una investigación del diario español El País publicada hoy.
El ex presidente del PRI y ex gobernador de Coahuila fue detenido el 15 de enero en el aeropuerto de Madrid cuando viajaba con su esposa y dos hijas hacia Barcelona. De acuerdo al diario, ese mismo día los funcionarios de la embajada de México en Madrid recibieron órdenes de volcarse en el caso.
Se hospedó a su esposa e hijas en un lujoso hotel cercano al edificio diplomático, en el corazón de Madrid. Esa misma noche, funcionarios de la Procuraduría General de la República adscritos a la embajada llamaron a la Policía Nacional española para saber por qué se detuvo a Moreira y qué cargos había contra él.
El mutismo de los agentes españoles fue total.“Estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”, afirma una fuente citada por El País.
“En la embajada creyeron que los agentes españoles les revelarían por qué había caído Moreira, pero no lograron su objetivo. Su silencio causó malestar en la legación diplomática ya que, además, en esta ocasión las autoridades españolas no les habían avisado de la detención como hacen habitualmente, se enteraron por la prensa digital española” escribe el periodista José María Irujo.
Días después, el lunes 18 de enero, el cónsul de México en Madrid se trasladó hasta la cárcel de Soto del Real para visitar al prisionero y tratar de obtener más información sobre el caso, lo que no suele ser habitual.
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En la embajada, funcionarios consulares redactaron un escrito dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores en el que solicitaban “información oficial sobre los delitos por los cuales se investigaba a Moreira y el tiempo que duraría el secreto de sumario. La respuesta que dio el juez Pedraz fue estrictamente protocolaria y en la misma no se facilitó ningún dato de la causa declarada secreta, según fuentes judiciales.”
El rotativo español señala que la gestión de mayor nivel se dio el 21 de enero, un día antes de que el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional acordara la puesta en libertad de Humberto Moreira, la procuradora Arely Gómez llamó a su homóloga Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado, para preguntar por el caso.
“Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, respondió un portavoz de la Fiscalía española.
A pesar de la movilización de la maquinaria diplomática mexicana, Humberto Moreira fue puesto en libertad el 22 de enero, luego de pasar ocho días detenido.
El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional dejó en libertad al priista, en contra del criterio de la Fiscalía, al considerar que no hay indicios de que haya blanqueado dinero en España: a través de facturas, la defensa de Moreira justificó la procedencia de los 200 mil euros, de los que se le acusa haber “lavado” en España, procedentes del narcotráfico o de la corrupción durante su cargo como gobernador en Coahuila.
Aunque Humberto Moreira arribó a México el 3 de febrero, la investigación en su contra llevada en España por los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa sigue abierta y secreta respecto a otras personas involucradas, reporta El País.
