Morelia, Michoacán, 18 de septiembre del 2015.- Mediante acuerdo publicado el viernes 4 de septiembre en el Periódico Oficial, el gobierno que encabeza Salvador Jara Guerrero regula el servicio de protección personal a ex gobernadores, apoyo que antes era otorgado de forma discrecional, sin certeza jurídica ni lineamientos establecidos en cuanto a los recursos humanos y materiales que se asignaban con ese propósito.
El Acuerdo por el que se Proporcionan Servicios de Protección Personal a los Ex Gobernadores del Estado de Michoacán de Ocampo institucionaliza un servicio y transparenta el uso de recursos públicos humanos y materiales, ya que todos los ex mandatarios de Michoacán, desde Carlos Torres Manzo hasta Fausto Vallejo Figueroa, han recibido y algunos gozan aún de este apoyo en seguridad sin la certeza ni claridad administrativa que aporta la propuesta impulsada por Salvador Jara.
La falta de institucionalidad que caracterizaba a la prestación de este servicio ha generado diversas irregularidades en la asignación de personal y vehículos, ya que mientras algunos ex gobernadores son protegidos hasta por seis escoltas, otros sólo tienen un elemento a su cargo.
Además, persisten grandes disparidades en los salarios que perciben los elementos comisionados a preservar la seguridad de los ex mandatarios: mientras algunos reciben ingresos superiores a los 15 mil pesos, hay quienes ganan menos de 5 mil pesos. Al entrar en vigor el Acuerdo el próximo 1 de octubre también cobra vigencia la homologación salarial de los elementos que trabajan como escoltas de los ex gobernadores.
El propósito del Gobierno del Estado es que esta disposición siente las bases para regular la asignación de activos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública a labores de seguridad personal, con ese propósito se dejará a las próximas autoridades del Ejecutivo un estudio sobre el número de elementos que, desde anteriores administraciones, fueron comisionados a integrar las escoltas no sólo de funcionarios públicos, sino también de empresarios.
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Todas las entidades que han emitido acuerdos para dotar de protección a los ex funcionarios, coinciden en esencia con el argumento esgrimido por el Gobierno del Estado para institucionalizar los servicios de seguridad personal a ex gobernadores: “que las actividades del Gobierno del Estado, en especial las acciones de combate a la delincuencia, ya sea común u organizada, constituyen un alto riesgo para la vida e integridad física de quien ejerce el mando de la fuerza pública”.
A diferencia de otros estados en los que se dispone que se otorgue protección personal a quienes hayan fungido también como secretarios de Gobierno, y de Seguridad Pública, así como al procurador, incluidos subsecretarios y hasta directores, el acuerdo promovido por Salvador Jara sólo estipula la asignación de recursos humanos y materiales para preservar la seguridad de los ex titulares del Poder Ejecutivo.
No obstante, con base en el citado documento de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el entonces gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí publicó el 8 de febrero del 2002 un acuerdo en virtud del cual se otorga protección personal y domiciliaría al ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado y su familia, con un mínimo de seis escoltas durante tres años después de haber dejado el cargo.
La disposición promovida por Salvador Jara Guerrero retoma el planteamiento de Tinoco Rubí en cuanto a que la escolta de los ex gobernadores debe estar conformada por al menos seis elementos que brindarán protección durante un periodo de tres años.
Con el propósito de que la protección personal de ex gobernadores no signifique una carga mayor a los recursos públicos del estado, la administración de Jara Guerrero ha planteado que el dispositivo de seguridad otorgado sea modesto en recursos y en tiempo de servicios, lo que también distingue a Michoacán de otras entidades donde este apoyo se ha planteado de manera vitalicia.
