El Gobierno colombiano y las Farc abrieron hoy un nuevo ciclo de conversaciones que estará marcado por la participación en la mesa de negociación del exsecretario general de la ONU Kofi Annan, en momentos en que el respaldo internacional a este proceso de paz se ha hecho más explícito y vigoroso.
Además de Annan, Premio Nobel de la Paz en 2001, el proceso sumó la semana pasada el apoyo más firme de EEUU, que ha designado al veterano diplomático Bernard Aronson como su enviado para la paz de Colombia, medida bien recibida por los dos equipos negociadores.
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La ronda 33 de las conversaciones arrancó hoy con el tema de las víctimas del conflicto en agenda y en medio de expectativas por la reunión que el próximo viernes sostendrán en La Habana los negociadores con Annan, que viajará mañana a Cuba procedente de Colombia, donde ya ha manifestado apoyo al proceso de paz y su satisfacción por el progreso alcanzado.
A su llegada hoy a la sede de los diálogos en La Habana, ninguno de los dos equipos negociadores se refirió a la visita de Annan, que refuerza el espaldarazo de importantes actores internacionales al proceso en los últimos meses, como España, Francia o Alemania.
La delegación gubernamental, encabezada por Humberto de la Calle, mantuvo hoy su habitual silencio ante los medios, mientras que los representantes de las Farc divulgaron nuevas consideraciones sobre la justicia «verdadera» de cara al fin del conflicto.
«La justicia real y material garante de la paz estable y duradera sólo puede ser el resultado de un gran acuerdo político nacional que supere sustancialmente los contornos y dimensiones de los diseños normativos y los debates sobre la llamada justicia transicional», afirmó un comunicado leído por el guerrillero Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias «Pastor Alape».
El texto repasó varios postulados en los que viene insistiendo la guerrilla desde el inicio de los diálogos en noviembre de 2012, como la necesidad de un proceso constituyente que selle los temas de la paz, o el carácter «unilateral» del Marco Jurídico para la Paz impulsado por el Gobierno.
«Alape», uno de los principales líderes insurgentes que participa en las conversaciones, subrayó asimismo la «condición de organización político-militar» de la guerrilla y de ahí el por qué debe haber un «reconocimiento amplio del delito político y del derecho a la rebelión».
Las Farc reiteraron hoy sus argumentos después de que el líder del equipo gubernamental, Humberto de la Calle, indicara ayer en un foro en Bogotá que «es una necesidad» que la denominada justicia transicional se aplique a todos los actores involucrados en el conflicto armado, lo que incluye guerrilleros, militares y civiles.
El tema de la «justicia transicional», el mecanismo diseñado por el Gobierno para facilitar la desmovilización sin impunidad de miembros de grupos armados al margen de la ley que pacten la paz, ocupará además hoy un foro al que asistirá Annan en Bogotá antes de viajar a La Habana.
Los debates sobre estos complejos asuntos toman cada vez más relevancia para el proceso colombiano, después de que las partes hayan alcanzado acuerdos preliminares en tres de los cinco temas de la agenda, relativos a tierras y desarrollo rural, participación política y drogas y cultivos ilícitos.
Al tema de la reparación de las víctimas que ocupa la mesa desde agosto pasado, los negociadores han sumado en paralelo intercambios sobre el espinoso punto del fin de las hostilidades y la dejación de las armas por parte de la guerrilla.
Con el fin de avanzar en esta cuestión, ambas partes crearon el pasado agosto sus subcomisiones técnicas, en el caso del Gobierno liderada por el general Javier Flórez, y se espera que en el actual ciclo, en concreto el 1 de marzo, ambos equipos militares revisen sus propuestas.
Al igual que la anterior ronda de diálogos, el ciclo actual tendrá lugar en medio de un cese el fuego unilateral e indefinido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que ya cumple dos meses y que, según distintos organismos, ha sido respetado.
Como medida de «desescalamiento» o la bajada de la intensidad del conflicto, las Farc también anunciaron en la pasada ronda de diálogos que dejarán de reclutar menores de 17 años para su filas.
La decisión fue recibida con satisfacción pero con reservas por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos, que cree la guerrilla debería excluir también a los jóvenes de menos de 18 años, que marca la mayoría de edad en el país.