La Fiscalía General del Estado sepultó de forma irregular 105 cuerpos en una fosa común del municipio de Cuautla, al oriente de Morelos, reconoció José Manuel Serrano Salmerón, actual fiscal de la Región Oriente.
Aclaró que son cadáveres que durante años permanecieron en calidad de desconocidos y que se acumularon en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Jojutla y Cuernavaca.
La inhumación se registró el 28 de marzo de 2014, Día Estatal de las Víctimas y pasó desapercibida hasta que un trabajo de la Comunidad Universitaria de Periodistas Especializados en temas judiciales, destapó el caso.
En esa fosa, localizada en la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla, los funcionarios de la dependencia también ordenaron depositar el cadáver de Oliver Wenceslao Navarrete, secuestrado el 24 de mayo de 2013. Su cuerpo fue localizado el 3 de junio en la barranca de los Papayos del municipio de Ayala, colindante con Cuautla.
Durante más de un año su cadáver estuvo en el Semefo a pesar de que su familia lo identificó plenamente y así fue asentado en la carpeta de investigación CT-UIDD-A/1791/2013.
Un tío de la víctima ingresó al Servicio Médico Forense a realizar prácticas profesionales y descubrió que las gavetas donde mantienen los cadáveres estaban vacías. Así lo informó a su hermana María, madre de Oliver, y entonces comenzaron a presionar a las autoridades para conocer el destino del cadáver, víctima de la violencia.
Serrano Salmerón precisó que los cuerpos sepultados en la fosa común, con excepción de Oliver, estaban en calidad de desconocidos y no habían sido reclamados por sus familiares.
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“Me entrevisto con los familiares y me piden que proceda a la exhumación de los cadáveres de la fosa común y así lo ordeno. A la familia le dimos todas las facilidades para recuperar el cuerpo de Wenceslao. Debe quedar claro que yo no era funcionario cuando se practicó la inhumación”, aclaró Serrano Salmerón.
El Fiscal regional afirmó que en estos momentos se realizan las investigaciones para saber quién o quiénes autorizaron la inhumación de los cadáveres.
María, madre de Oliver, dijo que la comisión de irregularidades cometidas contra el cadáver de su hijo deben ser investigadas y sancionadas.
Los restos de Oliver fueron identificados porque en la bolsa en la que fueron depositados había una botella de plástico con los exámenes de ADN, de la necropsia y su nombre: Oliver Wenceslao Navarrete Hernández.
Ayer jueves la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado para informar que el acto irregular corresponde al pasado pero se comprometió a investigar y resolver a la brevedad.
“La Fiscalía informa que se inició la carpeta de investigación y el procedimiento penal y administrativo correspondiente ante la Visitaduría, en contra de quién o quienes resulten responsables por los delitos de incumplimiento de funciones públicas, ejercicio indebido de servicio público, violación a las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres, en agravio de quienes resulten afectados”, expuso la dependencia en el comunicado.
