Hace diez años, antes de que Rafael Correa fuera presidente de Ecuador, el transportista Reinel Flores demoraba 24 horas en llevar su carga de Quito a Loja, más de 600 km al sur. Hoy tarda menos de la mitad.
“Las carreteras eran muy angostas, con muchos huecos. Ahora la mayoría están en buen estado, y muchas son de varios carriles”, explica a AFP este quiteño, camionero desde hace 30 años.
El ambicioso plan de desarrollo vial impulsado por Correa, cuyo sucesor será elegido el domingo, no es el único avance del que se jacta el mandatario. Además, destaca sus logros en construcción de hidroeléctricas y en ámbitos sanitarios y sociales.
“Compañeros, Ecuador ya cambió”, suele decir el presidente socialista en sus múltiples apariciones televisivas.
Varios indicadores socioeconómicos avalan su gestión: el PIB, por ejemplo, pasó de 51.000 a 100.000 millones de dólares desde 2007, mientras que el índice de pobreza disminuyó de 36,74% a 25,35% de la población.
Pero sus críticos le recuerdan que nada de eso hubiera sido posible sin la mayor bonanza de crudo de la historia del país y le acusan de no haber ahorrado ni un céntimo del grueso chorro de petrodólares para afrontar la actual época de precios bajos.
El próximo inquilino del Palacio de Carondelet, advierten, se va a encontrar un país endeudado, dependiente de China, con un creciente desempleo de 5,2% y un subempleo de 19,9%, así como un sobredimensionado aparato estatal.
También hallarán un país muy caro y poco competitivo, consecuencia de las excesivas cargas tributarias (sobre todo arancelarias) impuestas por Correa, un economista de 53 años.
“Ha habido muchos avances, pero desgraciadamente se ha desaprovechado la bonanza. Cuando Correa llegó al poder prometió diversificar la matriz productiva, pero deja un país en el que producir es muy complicado”, explica a la AFP el economista Alberto Acosta-Burneo.
– El “sepulturero” –
En un escenario de contracción, con un decrecimiento del PIB de 1,7% en 2016, Ecuador vive la campaña presidencial más marcada por la economía de los últimos años.
Los dos candidatos que lideran las encuestas encarnan visiones distintas.
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El oficialista Lenín Moreno, con chances de ganar en primera vuelta, representa el continuismo de un sistema que combina un disparado gasto social con altos impuestos y elevado endeudamiento.
El ex banquero Guillermo Lasso, al que el gobierno vincula con la crisis financiera que expulsó del país a millones de ecuatorianos en 1999, es partidario en tanto de reducir el gasto en 5.000 millones de dólares, fomentar la inversión extranjera y bajar los impuestos para estimular el consumo y la producción nacional.
Para Acosta-Burneo, consultor del Grupo Spurrier, más que evitar el ajuste con más deuda, el desafío será ver cómo se paga la deuda.
“Llegue quien llegue a la Presidencia, se convertirá el sepulturero del Socialismo del siglo XXI (como suele denominarse el gobierno de Correa), porque ya no es viable con esta realidad económica”, opinó.
– La “tormenta perfecta” –
Correa califica de “tormenta perfecta” la combinación de factores externos que golpearon en los últimos tiempos a la economía ecuatoriana, dolarizada desde 2000.
A la prolongada caída del precio del crudo, hay que se agregarle la devaluación de las monedas de los vecinos Colombia y Perú, que vuelven más atractivos sus productos, o las millonarias multas recibidas por arbitrajes internacionales con multinacionales, como los 1.000 millones de dólares a la petrolera estadounidense Oxy.
Además, el devastador terremoto de abril le costará al país más de 3.000 millones de dólares.
Para paliar esto, el gobierno aumentó el endeudamiento, que hoy ronda el 40% del PIB, algo que los críticos cuestionan.
“Es una deuda en condiciones muy malas. El servicio anual supera los 5.000 millones de dólares, similar a lo que el Gobierno invierte en educación y salud”, explica Pablo Lucio Paredes, autor del libro “La culpa es de las vacas flacas”.
Aún así, el próximo presidente podrá esperar noticias positivas, como los beneficios del reciente acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) o los ingresos por los proyectos de minería a gran escala que pronto entrarán en fase de explotación. AFP