Morelia, Mich., abril 5 de 2017.- El operativo de verificación vehicular implementado por el gobierno es ilegal, se trata de una estrategia recaudatoria que atenta contra el bolsillo de los ciudadanos, señaló el dirigente de la Comisión Reguladora de Transporte en Michoacán (CRTM), José Trinidad Martínez Pasalagua, luego de hacer un llamado a la sociedad para unirse y evitar lo que calificó como una arbitrariedad más en perjuicio del pueblo.
El dirigente transportista mostró un rotundo rechazo a este tipo de acciones que atentan contra la economía de por sí lastimada de los ciudadanos y en el caso de los transportistas detalló que a los prestadores del servicio público aún no les han entregado las placas y aun cuando están al corriente, “ahorita les están deteniendo sus unidades en estos famosos operativos no lo vamos a seguir permitiendo”, destacó.
No es posible dijo, que la estrategia recaudatoria la pretendan cubrir con una acción de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente que encabeza Juan Carlos Vega Solórzano, la PROAM no tiene facultades para levantar infracciones y utiliza a la Policía Estatal, cuando la sociedad conoce que para el cuidado del medio ambiente se ocupa de un programa integral indicó Martínez Pasalagua al ejemplificar la contaminación del río chiquito y como se encuentran desprotegidos lagos y lagunas en donde se vierten aguas negras, eso sí es contaminación, subrayó.
Asimismo, se refirió a que el operativo carece de sustento jurídico y más aún al estar utilizando grúas particulares para trasladar los autos y/o unidades de servicio público a corralones con un costo de arrastre de más de tres mil pesos, cuando el mismo propietario pudiera hacerlo -si es que le tocó la de malas- de ser víctima de esta acción recaudatoria.
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En el mismo sentido Martínez Pasalagua apuntó que, “porque no nos dicen que ya existen programas para modernizar nuestro parque vehicular; hoy les tocó a los compañeros de la Ruta 1 los cuales compiten con las unidades de la Ruta Gris que traen circulando unidades de otros municipios pero estos son intocables a pesar de perjudicar gravemente a la Ruta 1 y para ellos, no hay operativos”, ironizó.
Y abundó al respecto, que es del interés de los transportistas que exista un programa ambiental integral que ofrezca a los ciudadanos beneficios reales y entonces, la recaudación de la verificación vehicular se aplique para mejorar las condiciones ambientales del entorno y no para que particulares se llenen los bolsillos solo por ser amigos de los funcionarios y/o titulares de las dependencias.
Finalmente, comentó que no es posible que el pueblo tenga que pagar con una y otra estrategia recaudatoria los platos rotos de malas administraciones y malos administradores de gobiernos que han llevado al estado a situaciones económicas impensables mientras los responsables gozan lo redituable que les fue representar el Poder Ejecutivo.
