LONDRES, INGLATERRA .- La impunidad continúa siendo la norma en los casos de desapariciones forzadas en México, pese a que en 2014 se desconocía el paradero de más de 22 mil 600 personas, entre ellas los 43 estudiantes cuyo rastro se perdió en Iguala, según Amnistía Internacional (AI).
En el informe de AI sobre 2014 divulgado hoy, la organización defensora de los derechos humanos denuncia que los secuestros y las desapariciones forzadas fueron «abundantes» en México y que «la impunidad seguía siendo la norma», hasta el punto de que el Ejecutivo indicó el año pasado que sólo se habían dictado siete condenas por hechos de este tipo y todas entre 2005 y 2010.
Amnistía señala que las autoridades reconocieron en agosto que había 22 mil 611 personas desaparecidas (a nueve mil 790 de ellas se les perdió el rastro durante el actual gobierno y a las 12 mil 821 restantes en el mandato de Felipe Calderón, de 2006-2012) y afirma que las iniciativas de búsqueda resultan «por lo general infructuosas».
En el texto se hace especial mención al caso de los 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, desaparecidos en septiembre a manos de policías locales corruptos y miembros del cártel de Guerreros Unidos, cuyos cuerpos habrían sido incinerados y sus cenizas lanzadas a un río.
AI explica que, «en respuesta a las manifestaciones multitudinarias que exigían justicia» en este caso, el Presidente, Enrique Peña Nieto, anunció diversas medidas políticas y legislativas.
Además de las desapariciones forzadas, Amnistía denuncia las «ejecuciones extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta y la falta de rendición de cuentas de la policía y el ejército», en medio de la impunidad habitual por violaciones de derechos humanos y delitos comunes en un país con elevadas tasas de asesinatos y secuestros.
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Muchas de las violaciones a los derechos humanos se atribuyen a soldados y miembros de la Marina, que, según AI, siguen desempeñando labores policiales.
En respuesta a ello, AI destaca la abolición del fuero militar en las violaciones de derechos humanos de soldados contra civiles.
Asimismo, la organización se refiere a los asesinatos, ataques y amenazas de que son objeto en México periodistas y defensores de los derechos humanos, en medio de la impunidad y mientras algunos de ellos afrontan cargos penales que parecen «obedecer a motivos políticos en represalia» por el ejercicio de su labor.
Además, alerta de que los inmigrantes irregulares en tránsito -entre ellos muchos menores de edad centroamericanos- viven bajo amenaza de asesinato, secuestro, extorsión, violencia sexual y trata de personas.
También advierte de la situación de las mujeres y niñas y afirma que la violencia contra éstas es «endémica» en todo el país, pese a lo cual «buena parte de las autoridades seguía sin aplicar medidas legales y administrativas para mejorar la prevención, la protección y la investigación de la violencia de género».
