En el Senado de la República iniciaron este martes las audiencias públicas sobre la Ley General en Materia de Tortura; que buscan la inclusión de delitos conexos y elevar los preceptos a estándares internacionales.
Asimismo, se señaló que la iniciativa que envió al Congreso el Ejecutivo federal en materia de combate a la tortura debe adecuarse a la realidad que padece el país, coincidieron diversos especialistas y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez.
En el Senado de la República se encuentra el proyecto de decreto planteado por el Presidente de la República y una iniciativa de la senadora de la Peña Gómez; ambas deberán ser dictaminadas por las comisiones unidas de Derechos Humanos, de Justicia, de Gobernación y Estudios Legislativos.
Es necesario añadir a la iniciativa los llamados delitos autónomos o conexos, como el allanamiento de morada, al robo cometido por los servidores públicos, la extorsión, la falsedad, el abuso de autoridad, violación de correspondencia y la detención arbitraria.
Ello, porque constituyen un caldo de cultivo para la tortura, advirtió el ex integrante del Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Sarre Iguíniz.
Esto, durante la primera mesa de debate, titulada «Tipo penal, elementos, agravantes, atenuantes, autoría mediata en aparatos organizados de poder, exclusión de prueba ilícita, determinación de la carga probatoria».
Además, Sarre Iguíniz mencionó que se debe obligar al Poder Judicial a rendir cuentas sobre los resultados de las investigaciones de las denuncias que recibe por tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Añadió que no se necesitan proponer penas altas para castigar este delito, sólo basta con cumplirlas efectivamente.
Rafael Estrada Michel, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, señaló que en los agentes del ministerio público debe recaer la responsabilidad en caso de que sus subalternos consigan pruebas mediante tortura; si no se cumple esta condición es como si no existiera el sistema acusatorio y adversarial, y vivir en el mundo de la impunidad.
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El proyecto de ley general debe especificar que cualquier funcionario y los miembros de las Fuerzas Armadas pueden ser sancionados en caso de cometer ese ilícito.
Además, la pena debe incrementar en el caso de que se ejerza contra poblaciones vulnerables o causen la muerte de la víctima o la pérdida material o funcional de órganos vitales.
Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, comentó que las entidades federativas también deben aplicar con uniformidad los criterios de la ley, una vez que se apruebe.
De no ocurrir, advirtió, puede haber un gran desfasamiento, como ocurre actualmente con la Ley General de Víctimas, donde la Ciudad de México ni siquiera ha iniciado la actualización de su ley.
En la Comisión, advirtió, se oponen a la admisión de cualquier prueba que implique violación a los derechos humanos, y de cualquier prueba que sea obtenida o derive de la tortura.
Sin embargo, consideran que deben admitirse las pruebas que fueron probadas de forma lícita, por lo que el papel del juez resulta clave para garantizar los derechos, tanto de la persona víctima de tortura como del afectado del delito.
En su turno, José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que el Senado de la República debe alejarse de la iniciativa que envió el Ejecutivo federal, por considerarla inadecuada para abatir la tortura en el país.
