La Fiscalía argentina solicitó la apertura de una investigación contra el presidente Mauricio Macri y otros altos cargos de su Gobierno por la firma de un decreto que incluye a los familiares de funcionarios públicos en una ley de blanqueo de capitales que ya fue aprobada en el Congreso.
El fiscal federal Guillermo Marijuán hizo lugar a una denuncia penal presentada la pasada semana por la legisladora de la agrupación izquierdista Libres del Sur Victoria Donda en la que acusó a Macri, al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de abuso de autoridad y de excederse en los deberes de funcionarios públicos.
El representante del Ministerio Público Fiscal entregó su dictamen al juez federal Ariel Lijo, en el que consideró que debe ser impulsada una investigación con base en la denuncia de Libres del Sur, y pidió medidas de prueba relacionadas con la ley y el posterior decreto, explicaron fuentes judiciales citadas por la agencia estatal Télam.
El juez deberá ahora resolver, según el dictamen de Marijuán, si da inicio formal a una investigación y solicita medidas de prueba o si desestima la denuncia.
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“Tenemos una enorme tranquilidad respecto a la acción que hemos planteado y así lo debatiremos con toda la tranquilidad del mundo, como siempre hemos planteado en cualquier discusión con la Justicia”, aseveró Peña el martes en un encuentro con la prensa en Buenos Aires que se celebraba en el mismo momento en el que trascendió la decisión de Marijuán.
En concreto, el denominado Régimen de Sinceramiento Fiscal fue propuesto en mayo pasado por el Gobierno y aprobado por el Parlamento en junio con el fin de recuperar al menos unos 20,000 millones de dólares no declarados.
Con esos fondos ingresados al sistema financiero, el Ejecutivo quiere pagar una reforma del sistema de jubilaciones. EFE
