Por los 7.4 millones de actos de corrupción que se registran en México, desde un trámite en una ventanilla de gobierno, hasta el pago de tenencia, apenas se sanciona a 12 mil funcionarios, de los cuales solo 140 pisan la cárcel.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) presentados en la semana de la transparencia organizada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, se estima que la corrupción cuesta a México tres mil 300 millones de pesos al año.
Esta cifra se calcula del costo monetario que obligan a desembolsar a las personas para pagar actos de corrupción que van desde trámites ante ministerios públicos, contacto con policías hasta pago por atención médica, y de luz y agua.
Se estima que en las agencias del Ministerio Público en un solo año se mueven más de mil 600 millones de pesos. En los juzgados 632 millones y con las autoridades de seguridad mil 100 millones.
Los datos recabados en 2013, que se encuentran en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, se obtuvieron de 33 mil hogares en los que se preguntó cómo los ciudadanos reciben los bienes, trámites y servicios de todos los ámbitos de gobierno.
En ese sentido, Adrián Franco, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, reveló que los ciudadanos que acudieron a hacer algún trámite en una ventanilla del sector público federal, estatal o municipal, y que tuvieron que pagar fueron 7.4 millones, de un total de unos 300 millones que se estimaron para ese año.
“A escala nacional se aplicaron en ese año 12 mil 110 sanciones, con seis mil 554 presuntos involucrados, de los cuales 949 fueron procesados, mismos que se redujeron a 161 sentenciados, de los que solo 140 se encuentran en la cárcel.
“Para el tamaño del problema que tenemos, tampoco la sanción es efectiva. Ahora, tenemos que sancionar; es obvio, pero debemos tener cuidado de homologar el esquema de sanciones, pues de otra manera el problema de corrupción no se va a resolver”, dijo.
Las principales instituciones en las que los mexicanos perciben mayor índice de corrupción son: las policías, 90 por ciento; partidos políticos, 84 por ciento; agencias del MP, 78 por ciento; legisladores, 77 por ciento, y sindicatos, 66 por ciento.
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“La corrupción, por ejemplo, se percibe muy alta en las policías, en los partidos políticos, en los diputados y senadores, en los ministerios públicos, en los sindicatos, en los magistrados y jueces, pero también se percibe alta entre los ciudadanos.
“Una de cada cinco personas cree que sus vecinos son corruptos o que pueden caer en actos de corrupción, y que uno de cada cinco parientes puede caer en un acto de corrupción o que ha pagado uno”, dijo.
Franco señaló que “eso es lo que también nos lleva a pensar que no nada más la corrupción está desde el punto de vista del sector público.
“No es privativo del sector público, el sector privado la tiene, y la tiene también entre los individuos”, detalló.
En cuanto a víctimas de corrupción, 47 mil 604 personas cree o ha escuchado que en los trámites y servicios que realizó en 2013 existió corrupción. Prácticamente uno de cada dos.
La mitad de la población cree que en los trámites y servicios que solicita o que hace el gobierno hay corrupción.
“México es el único país que tiene este dato. Es histórico. La única comparación que podemos hacer es contra los delitos. El ilícito más alto de este país, que es el robo o asalto en la calle o en el transporte público. Es más o menos esa cantidad; es decir, el delito más alto que sucede es igual a la victimización por corruptelas.
Este fenómeno también tiene impactos de cualquier naturaleza. La deforestación de los bosques, el que no se inscriban los niños a la escuela, que no se construya la escuela, que la educación pública puede estar muy baja, que seamos opacos y que no lleguen inversiones, etcétera”, puntualizó.
