Ubicada a 200 kilómetros de la capital de Guatemala,Quetzaltenango es la segunda ciudad más importante de la nación centroamericana y también el segundo lugar de operaciones de las pandillas que exigen extorsiones a diferentes sectores.
La extorsión es un crimen que se ha acentuado en la ciudad desde hace cuatro años, comentó en una conversación con Efe el presidente de la filial de la Cámara de Comercio de Guatemala en Quetzaltenango, Alfredo Palmieri.
A su juicio, este aumento se debe a las «migraciones de los grupos delictivos, que al ser combatidos en la capital, automáticamente encuentran un nicho más cómodo en Quetzaltenango».
Explicó que, de los agremiados a su filial, al menos un cinco por ciento ha denunciado ser víctima de extorsiones por parte de delincuentes, entre los cuales se encuentran perfiles tan variopintos como empresarios o dueños de comercios locales.
No obstante, el directivo estima que la cifra real es de un 20 por ciento, debido a que muchas de las víctimas prefieren no denunciar por «temor a represalias».
«Hay desconfianza de los empresarios entre las autoridades locales, porque tienen miedo de que las denuncias puedan fugarse del Ministerio Público (MP). Y por temor a que este ente investigador sea permeable al crimen, las denuncias las hemos hecho con autoridades de la capital», enfatizó.
Por otro lado, la Asociación de Transportistas de Quetzaltenango (ATQ), que agrupa al 85 por ciento de los transportistas de esa ciudad y que no pertenece a la Cámara de Comercio de Guatemala, contabiliza que cerca del 75 por ciento de sus socios son víctimas de extorsiones.
«De alguna manera, los delincuentes hacen llegar, a través de menores de edad, un teléfono celular a los pilotos (conductores), quienes después deben entregarlo al propietario del bus porque, de no hacerlo, su vida corre peligro», relató a Efe Estuardo Miranda, vicepresidente de dicha organización.
Es entonces cuando empieza todo un proceso de negociación con los delincuentes para establecer la cuota que más les convenga.
Una cantidad que, después, será depositada en una cuenta de «los bancos Azteca y Banrural o cualquier otro del sistema financiero del país».
Con el paso del tiempo, este tipo de delincuencia también se ha cambiado, aunque en mínimos detalles.
Ahora, añadió, los cobros también los realizan algunos «patojos» (menores de edad), que se suben a los autobuses para recibir el dinero y no depender de la transacción de los bancos, algo que les ayuda a no ser detectados.
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«Ante la incompetencia de las autoridades, la gente ha tenido que optar por pagar la extorsión. Se tiene que caer en el juego de mantener una negociación permanente con los delincuentes», zanjó.
El pasado 25 de abril, el piloto Hugo Leonel Ramírez Barrios, de 41 años, quien conducía un autobús para la empresa de transportes Cabrican, murió asesinado tras ser atacado por supuestos sicarios, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En lo que va de año, según cifras del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), al menos 27 chóferes y 11 ayudantes del transporte de pasajeros fueron asesinados.
Perla Nowell, presidenta del Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango, quien ha juzgado más de una decena de casos de este delito, coincide con los operadores del transporte al decir que esta problemática se da por medio de llamadas telefónicas intimidatorias.
Precisó que estas comunicaciones provienen de la cárceles locales Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, El Centro Preventivo para Varones de Quetzaltenango y el parque Benito Júarez, situadas a las afueras y en el centro de la ciudad, respectivamente.
Nowell apuntó a la «clica crazy, de la mara 18», como el grupo delictivo responsable de las extorsiones a los transportistas.
«Cuando ingresa un nuevo recluso es llevado a la cuadra número 2, donde lo golpean hasta que proporcione algún número de teléfono de un familiar», comentó Nowell.
Después llaman al familiar del privado de libertad y le proporcionan un número de cuenta para que les deposite cantidades de dinero y, a cambio, dejarán de golpearlo.
En los últimos tres años ha llevado dos procesos de personas que murieron golpeadas en el interior de dicha cárcel por negarse a pagar el dinero de las extorsiones.
«Los grupos organizados, las maras, llegan a tomar el control y a tener cargos de encargados general, segundo y tercero dentro de las diferentes cuadras de la cárcel», lamentó la jueza.
En Guatemala se registraron 35 mil extorsiones en los últimos siete años, un dato que sitúa a la capital guatemalteca como el área más afectada del país con 21 mil 293 casos, seguida por la ciudad de Quetzaltenango con dos mil 355.
