En la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca se investiga si existen irregularidades en la integración de 192 averiguaciones previas que pudieran estar “guardadas, se escondieron o retardaron”, y que están relacionadas con delitos diversos como la venta de plazas, pederastia, acoso y hostigamiento sexual, fraude, e incluso, dos casos de presunto homicidio durante el periodo en el que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tuvo a su cargo la Fiscalía Especial para Asuntos Magisteriales.
En entrevista el procurador oaxaqueño, Héctor Joaquín Carrillo, reconoce que desde hace 25 años en la Fiscalía que tenía a su cargo las indagatorias eran operadas por integrantes que la misma dirigencia de la CNTE designaba.
Define que el trabajo de la Fiscalía se convirtió en la instancia donde se dirimían denuncias entre docentes.
El pasado 20 de julio, con la decisión del gobierno local de removerle al magisterio el control sobre el Instituto de Educación Estatal Pública de Oaxaca (IEEPO) también se le arrebató al gremio su injerencia en los expedientes penales.
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El procurador anunció la revisión de las indagatorias para determinar si fue procedente o no el destino que se le dio a esos expedientes, para saber si se benefició a algún integrante del magisterio, y en caso de detectar anomalías que hayan beneficiado a presuntos responsables de algún delito, la dependencia a su cargo “procederá en contra de quienes resulten responsables, para evitar impunidad”.
Carrillo Ruiz indicó que se encontró que en los últimos dos años el número de averiguaciones registradas en la Fiscalía se duplicó al pasar de 26 en 2012 a 53 casos en 2014.
Explicó que una vez realizado el análisis se retomarán los que no prescriban con el propósito de atender el tema de la justicia.