La recuperación de la economía española está siendo «sólida», pero hay que reducir la precariedad laboral y aumentar la presión fiscal para lograr un crecimiento «más inclusivo», afirmó la OCDE en un informe publicado este martes.
«Vamos en la dirección correcta, pero (hay) muchos deberes todavía», dijo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, al presentar el informe en Madrid junto con el ministro de Economía, Luis de Guindos.
En España, un 25% de los trabajadores son temporales, la segunda tasa más alta entre los 35 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sólo por detrás de Polonia.
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El país tiene además la tasa más baja de movilidad de empleos temporales a empleos indefinidos, con apenas un 10% en 2015.
«La pobreza también ha aumentado», por «la falta de empleo de calidad que proporcione suficientes horas de trabajo remunerado y unos ingresos adecuados», abunda el último informe bienal sobre la cuarta economía de la eurozona.
«La desigualdad sigue estando por encima de los niveles precrisis», resumió Gurría, y una de las formas de remediarla es «echar una mano con las políticas activas de empleo», potenciando los programas de inserción laboral, añadió.
«Existen vulnerabilidades», coincidió el ministro De Guindos, destacando que respecto a los niveles previos a la crisis, hay 1,5 millones de trabajadores menos cotizando a la seguridad social.
Tras la profunda crisis de 2008-2013, la economía española está siendo una de las más dinámicas de la eurozona, con un crecimiento del PIB del 3,2% en 2015 y 2016.
Al mismo tiempo, el desempleo sigue siendo el segundo más elevado del bloque (un 18,6% a fines de 2016) y se ceba especialmente con los jóvenes, con una tasa de desocupación que la OCDE cifra en un 42,7%.
– La productividad, un viejo problema –
La organización con sede en París incide en el problema crónico de la escasa productividad, debida a «una baja innovación empresarial», la deficiente inversión en formar a los trabajadores y el exceso de trabas «para quienes quieren crear y hacer crecer una empresa».
Gurría destacó entre las demás deficiencias la elevada tasa de abandono escolar (un 20%, la más alta de la Unión Europea) o el bajo nivel del gasto privado en investigación y desarrollo (I+D), un 0,64% del PIB, cuando la media de la OCDE es del doble.
Para espolear un crecimiento «sostenible», la OCDE formuló una serie de recomendaciones fiscales destinadas a mejorar la recaudación.
En ese sentido, la organización cree que el gobierno debería «reconsiderar los méritos de los tipos reducidos del IVA», pues según argumenta, no siempre benefician exclusivamente a los hogares más modestos, sino que tienden a favorecer a los más acomodados.
Igualmente criticó que la base del impuesto sobre la renta «se ve erosionada por la existencia de generosas exenciones, reducciones y créditos fiscales».
Agregó también que en el impuesto de sociedades «podrían adoptarse medidas adicionales para ampliar la base impositiva», y estimó que «hay margen» para subir los impuestos sobre los combustibles para el transporte por carretera, y los gravámenes al alcohol y el tabaco, que ya fueron incrementados en diciembre.
Respondiendo a preguntas de la prensa, De Guindos no quiso aclarar si el Gobierno es receptivo a las recomendaciones sobre el IVA, aunque dijo que ve bien aumentar los impuestos medioambientales y potenciar el gasto privado en I+D.
La OCDE espera que España mantenga un buen ritmo de crecimiento. Para 2017 elevó dos décimas su previsión, al 2,5% del PIB, alineándola así con la del Gobierno español. En 2018, espera un crecimiento del 2,2%.
Al mismo tiempo, advirtió de una serie de condicionamientos serios a corto plazo. Entre ellos, el hecho de que el Gobierno está en minoría en el Parlamento o el «limitado» margen de maniobra que implica la continua reducción del déficit.
España acordó con la UE reducir su déficit al 4,6% del PIB en 2016, y al 3,1% en 2017. Bruselas ya ha advertido de que ese objetivo se va a incumplir y calcula que el déficit será del 3,5% este año, en línea con lo que también espera la OCDE. AFP
