El relator especial sobre la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, pidió ayer al Gobierno mexicano que se realice una investigación “imparcial y exhaustiva” sobre el motín ocurrido el pasado jueves en el penal de Topo Chico.
El organismo exigió además que se establezcan las “responsabilidades legales” de las autoridades penitenciarias y los reclusos que participaron en los hechos, que dejaron un saldo de 49 muertos y 12 heridos.
Exhortó a “garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos”, abundó Méndez.
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En una visita realizada por el relator de la ONU al penal en 2014, constató la “flexibilidad excesiva” del régimen penitenciario, así como las condiciones de sobrepoblación del penal, que ronda 35 por ciento.
Asimismo, en el informe que entonces realizó se refirió a la infraestructura deteriorada, las malas condiciones sanitarias, la mala calidad de la comida y los tratos “crueles, inhumanos y degradantes” a personas con discapacidad, entre otros aspectos.
