El Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales urgió a Venezuela tomar medidas para resolver la grave escasez de alimentos, medicinas, equipo y personal médico, así como abordar una tendencia regresiva en los resultados de lucha contra la pobreza.
Preocupa al Comité que «el Estado ha aumentado su dependencia en la importación de alimentos, lo que en parte, ha generado un grave desabastecimiento y escasez de alimentos y productos de primera necesidad», dijo el informe.
Con las observaciones finales sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de la ONU «insta a realizar una evaluación de los resultados del proceso de reforma agraria que conlleve a un rediseño de su estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación».
El Comité recomienda que el Estado «adopte medidas urgentes para abordar el problema de desabastecimiento de alimentos y de productos de primera necesidad».
Llamó a apegarse a directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria mundial, aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
El Comité recomendó al gobierno de Caracas aumentar «su inversión en la producción agrícola local, mejorando de la productividad de los pequeños productores agrícolas y su acceso a los mercados locales, con el fin de mejorar los ingresos en las zonas rurales».
El Comité revisó el informe de Caracas los días 2 y 3 de junio en la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH), cuya sede se encuentra en esta capital.
En lo que se refiere al derecho a la salud el Comité «observa con preocupación la información sobre la crítica situación que enfrenta el sistema salud en el Estado parte, debido a la grave escasez y el suministro irregular de insumos, medicinas, material médico quirúrgico y equipos médicos».
De igual forma manifestó su preocupación por «el deterioro en que se encuentran algunos hospitales y la información sobre la falta de personal médico».
El Comité recomendó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro «asigne recursos suficientes al sector de salud».
Exhortó «a que adopte de manera urgente las medidas necesarias que garanticen la disponibilidad y calidad de los servicios de salud asegurando que haya un número suficiente de establecimientos, y bienes».
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Además, «servicios públicos de salud que cuenten con personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, así como con condiciones sanitarias adecuadas».
También el Comité observó «las elevadas tasas de mortalidad materna que se deben, entre otros factores, a la falta de servicios de salud sexual y reproductiva adecuados y al elevado número de abortos inseguros, así como las altas tasas de embarazos en la adolescencia».
El Comité urgió al gobierno de Caracas a que revise su legislación respecto a la prohibición del aborto para hacerla compatible con otros derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, así como con su dignidad.
Le anima a que redoble sus esfuerzos para asegurar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva especialmente en las zonas rurales.
Ampliar y reforzar la educación, integral y apropiada a cada edad, sobre salud sexual y reproductiva en los programas escolares de la enseñanza primaria y secundaria para ambos sexos.
En lo que respecta a la prevención y tratamiento de enfermedades, el Comité lamentó que en el Estado parte hayan aumentado los casos de VIH/Sida y que exista constantes períodos de desabastecimiento de antirretrovirales.
Asimismo, preocupa al Comité que los casos de malaria y otras enfermedades transmisibles por el mosquito hayan aumentado.
Entre otros temas de preocupación, el grupo de expertos llamó la atención sorber el hecho de que «en los últimos años se ha visto una tendencia regresiva en los resultados de lucha contra la pobreza».
Ante ello la ONU recomendó al gobierno de Nicolás Maduro a que realice una evaluación exhaustiva e independiente de los programas sociales, llamados «misiones» a fin de identificar los obstáculos que impiden seguir avanzando en la lucha contra la pobreza.
Adoptar medidas correctivas necesarias, asegurando que tales programas integren un enfoque de derechos humanos y cuenten con los recursos suficientes para su implementación, prestando la debida atención a las diferencias y brechas existentes entre las zonas urbanas y rurales, así como a las necesidades de los grupos más desfavorecidos y marginados.
