En septiembre del año pasado 43 estudiantes de un colegio de maestros, presuntamente fueron desaparecidos en la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero en México, a manos de un alcalde y una fuerza policial corrupta en connivencia con una organización local de narcotraficantes. Además de los estudiantes desaparecidos, otras seis personas murieron y 25 resultaron heridas en enfrentamientos con la policía y otros grupos armados. A la fecha el paradero de los estudiantes es desconocido. La investigación oficial afirma que las víctimas fueron asesinadas y sus cuerpos incinerados en un basurero de la ciudad.
El desastre de Iguala no es menos escalofriante que la masacre de 72 inmigrantes indocumentados, ejecutados por una facción del narcotráfico en agosto de 2010 en el estado de Tamaulipas. Pero la cruel verdad, es que desde la perspectiva política el asesinato de decenas de migrantes, en su mayoría provenientes de América Central, ha importado menos que la desaparición de 43 jóvenes normalistas mexicanos. Lo ocurrido en Iguala ha complicado la gobernabilidad en México, siendo un gatillo que ha disparado la inconformidad e indignación de diversos sectores con un sistema político que es calificado como inepto y corrupto.
Algunas de estas manifestaciones han apelado a la violencia, confrontando a las instituciones abiertamente. Bajo este marco, la desobediencia civil – una forma de expresión política en contra de leyes o acciones que se consideran injustas – viene traspasando líneas rojas y usando la fuerza de manera premeditada en contra del Estado. Estos eventos pueden llevar a una escalada provocando la represión oficial o en el caso específico de Iguala estas manifestaciones podrían ser absorbidas de alguna manera por un sistema político que está atrapado en un ciclo de desobediencia.
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El estado de Guerrero tiene una larga tradición de movimientos antisistema radicales, incluyendo el movimiento guerrillero de la década del setenta, liderado por Lucio Cabañas – también un normalista. No hay entonces que sorprenderse con la emergencia de formas poderosas y agresivas de desobediencia en este territorio. Para dar una idea de las dimensiones de este fenómeno, en semanas recientes algunos grupos de disidentes han instalado retenes en las carreteras para recoger “contribuciones”. También, ellos han robado mercancía para distribuir a los pobres, atacado edificios oficiales, así como sedes de partidos políticos. Además, a principios de enero, grupos no identificados atacaron una guarnición militar en Guerrero, alegando la responsabilidad del Ejército en la cremación de los estudiantes. Con estas acciones, es apenas lógico pensar que buscan una respuesta dura del gobierno.
¿Quiénes son los grupos disidentes y cuáles son sus intereses? Algunos son conocidos pero otros operan de manera clandestina y violenta. Los Padres de Familias de los estudiantes desaparecidos, juntos sus asesores y voceros, son la organización civil con mayor visibilidad. Ellos insisten en que los estudiantes permanecen con vida y están en manos de alguna organización. Además, sospechan del Ejército que – según su versión – habría participado en la desaparición de algunas de las víctimas, eliminando los restos de los estudiantes asesinados. Otro grupo es un sindicato de maestros disidentes que se oponen a las reformas federales recientes, las cuales impondrían normas más estrictas sobre la certificación de los maestros y amenazarían el control sindical sobre la contratación, la promoción y las nóminas. Además de estas organizaciones se podría especular sobre la participación de otros grupos.
