A dos años de la aprobación en México de una nueva ley de educación, una de las reformas estructurales prometidas al comienzo de su mandato por el presidente Enrique Peña Nieto, el fantasma de las protestas continúa y la legislación apenas ha avanzado en el sur del país. La reforma educativa, una ley de rango constitucional que propone una remodelación de las condiciones laborales del magisterio y amplía la autonomía y participación de las escuelas se topó desde el comienzo de su tramitación con la oposición de una parte disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La mayor organización gremial en América Latina, otrora apoyo fundamental del Gobierno en turno, se vio debilitada tras la encarcelación en febrero de 2013 de su líder, La Maestra Elba Esther Gordillo, acusada de fraude, delincuencia organizada y lavado de dinero. Desde entonces, la facción opositora del sindicato, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha mantenido un pulso con el Gobierno federal, lo que ha ralentizado la implantación de la reforma en varios Estados. Entre los escasos logros hasta ahora de la nueva ley, que promueve un sistema de evaluación para maestros -una de las medidas más rechazadas por el magisterio-, establece concursos oficiales y acaba con la herencia de plazas, ha sido la elaboración del primer censo de profesores en el país, que arrojó la cifra de 1.200.000 docentes.
El último conato de enfrentamiento entre Coordinadora y Gobierno se produjo esta semana cuando cientos de maestros hicieron un campamento durante tres días en la capital del país. En esta ocasión, la exigencia de los docentes pasaba por el pago inmediato de la nómina a más de 6.000 trabajadores de la educación que no se encuentran en el censo oficial que baraja la Secretaría de Educación Pública.
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“Estamos en la fase de la resistencia. Tenemos un programa alternativo de educación y cultura, nuestros propios planes, libros de texto y propuesta de evaluación”, señala Ortega, líder de la CNTE en Michoacán.
Uno de los errores que cometió el Gobierno de Peña Nieto fue usar de interlocutores a ambos bandos. Por un lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) negoció con el SNTE la implementación de la reforma, pero el presidente envió en 2013 a uno de sus hombres más cercanos dentro del ministerio de Gobernación (Interior), el subsecretario Luis Miranda, a hablar con la CNTE. “Ahí comenzó un juego perverso”, afirma Ricardo Raphael, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económica. “Miranda les entrega muchos recursos para que la disidencia acepte la reforma con algunos candados. Ahí construyó su tumba”.
