La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados brasileña, de 66 miembros, deberá votar esta semana el informe del relator Sérgio Zveiter que recomienda encaminar al Supremo Tribunal Federal (STF) la denuncia de corrupción pasiva formulada por la Fiscalía contra el presidente Michel Temer.
Pero independientemente del resultado de esa votación, la decisión final dependerá del plenario de la Cámara, de 513 miembros. Y la instalación de un proceso en el STF dependerá de que la solicitud obtenga el apoyo de 342 diputados, dos tercios de los escaños. De lo contrario, la causa será archivada.
Si llega a la suprema corte, la denuncia será tratada por el plenario de 11 jueces, que definirán si abren un juicio o si la descartan. En caso de que se pronuncien a favor de un juicio, Temer será suspendido de su cargo por un máximo de 180 días.
Durante una eventual suspensión de Temer, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, asumiría la presidencia.
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Si fuera hallado inocente, Temer retomaría su mandato.
Pero si es declarado culpable, perdería definitivamente su cargo y el Congreso debería elegir a su sucesor 30 días después, para completar el mandato hasta fines de 2018.
Sería la segunda sucesión desde mayo de 2016, cuando el conservador Temer, vicepresidente de la izquierdista Dilma Rousseff, la reemplazó por el ‘impeachment’ en el Congreso que la acabó destituyendo por manipular las cuentas públicas.
El fiscal general, Rodrigo Janot, denunció a Temer por corrupción pasiva, como presunto beneficiario de un soborno de 500.000 reales (unos 150.000 dólares) pagados por JBS, la mayor procesadora de carne del mundo. AFP
