Raimundo Rodrigues da Silva, un campesino de 42 años comprometido en la lucha por los derechos de sus tierras, recibió el año pasado un tiro mortal de escopeta en la zona de Campestre, a 280 kilómetros de São Luis, la capital del Estado de Maranhão, al nordeste de Brasil. Su nombre, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), hacía tiempo que estaba incluido en una lista negra debido a su enfrentamiento con el latifundio que amenaza su comunidad y al poderoso terrateniente local que lo encarna.
Este es solo uno de los 116 asesinatos que relata el informe de la ONG Global Witness y que alerta sobre la violencia sufrida por los defensores del medio ambiente. El año pasado concluyó con 21 víctimas más que en 2013 y Brasil continúa liderando este ranking mundial de violencia ambiental que queda impune con el 25% de las muertes. Le siguen Colombia (25), Filipinas (15) y Honduras (12) en una lista de 17 países. Latinoamérica registró 87 asesinatos. Honduras, considerado el país más violento del mundo según la ONU, también mantiene su posición, por quinto año consecutivo, como el lugar con malas asesinatos de activistas per cápita.
Global Witness, que investiga casos de corrupción y abusos en la explotación de recursos naturales, califica las cifras, que pueden ser mucho mayores al no existir datos oficiales, de “dramáticas” y observa “una tendencia alarmante a que algunos Gobiernos usen legislación antiterrorista en contra de activistas, describiéndoles comoenemigos del Estado”.
En el caso de Brasil, donde la organización ha contado 477 asesinatos desde 2002, la mayoría de las muertes está relacionada con conflictos por la propiedad, el control y el uso de tierras, además de con la tala ilegal. No en vano, con cerca de 5.000 km2 de área devastada por año, la deforestación de la Amazonía es de las mayores del mundo.
Las causas se repiten alrededor del globo y la situación se complica en pequeñas comunidades y pueblos indígenas que batallan por los títulos de propiedad de sus tierras, un derecho que acaba enfrentándoles con los intereses de la denominada agroindustria, la minería, la construcción de presas hidroeléctricas el la tala industrial. El 40% de las víctimas son indígenas.
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La mayoría de las muertes de activistas se archiva sin culpables, según el informe. Aunque no siempre: el supuesto asesino del campesino Rodrigues espera en la cárcel el juicio, una excepción en un país donde cerca del 90% de los crímenes no se resuelven. Diogo Cabral, abogado de la Comisión Pastoral de la Tierra, mantiene que los asesinatos de más de 1.200 trabajadores rurales involucrados en la defensa ambiental continúan impunes. “El caso de Rodrigues es uno de los pocos de Brasil en que el asesino continúa preso», afirma Cabral.
También en Brasil, en agosto de 2013, murió el biólogo español Gonzalo Alonso Hernández, firme defensor del Parque Cunhambebe, en el Estado de Río de Enero. Sus verdugos lo ejecutaron en su propia casa y lanzaron su cuerpo a una cascada del parque que, durante años, defendió de cazadores furtivos y pirómanos que buscaban abrir espacios para la ganadería. “Nunca tuvo malas enemigos, que aquellos la los que denunciaba por sus ilegalidades contra la naturaleza”, contó tras el crimen su mujer, Maria Lourdes Pena, a EL PAÍS. Dos años después, no hay culpables por el asesinato, según Pena. “La prensa brasileña no dio ninguna importancia a este caso y sí no aparece en los periódicos a nadie le importa. Pero aún mantengo la esperanza, el crimen perfecto no existe”, dice emocionada la viuda.»La impunidad es un fenómeno que se ve en en toda Latinoamérica, pero especialmente en Brasil. La cifra de asesinatos bajaría sí no existiera esa impunidad», lamenta Billy Kyte, autor del documento.
La organización denuncia también la falta de información oficial y fiable sobre todos estos asesinatos, pero se arriesga a apuntar a los culpables que se repiten en los casos más documentados: grupos paramilitares, policías, guardias de seguridad privados y militares. Ellos son los que aprietan el gatillo, pero, generalmente, los responsables de orquestar estas muertes son, los grandes propietarios de tierras, que consiguen mantenerse fuera del radar de las investigaciones.
Mientras Global Witness denuncia que empresas y gobiernos habitualmente propician acuerdos sobre grandes superficies de tierra y bosques para cultivar productos comerciales, como el caucho, Brasil se prepara para votar una ley que dejará la demarcación de áreas indígenas, atribuida al Ejecutivo y protegida por la Constitución, en manos de un Congreso en parte financiado por los principales interesados en explotar esas tierras,
