Ella nunca había visto un disparo. Estaba sentada contra la pared, en un rincón. Los demás dormían. Por el portón abierto de la bodega apenas entraba luz porque aquella noche no hubo luna. Ella no dormía porque tenía miedo. Escuchó una voz cerca de la puerta: “¡Nos cayeron los contras!” Entonces, empezó el tiroteo. Las balas incandescentes entraban y salían por la oscuridad de la bodega. Se levantó del rincón y fue a buscar a su hija. La encontró tirada en el suelo boca abajo, herida en una pierna. Le tomó el pulso. Todavía estaba viva.
–Por el mismo dolor no podía hablar. Vinieron más disparos y me volví a esconder. Ya no vi a Erika nunca más.
Erika Gómez tenía 14 años. Murió tiroteada por el ejército junto a otras 21 personas –supuestos narcotraficantes– en un inhóspito descampado en Tlatlaya, al sur del Estado de México, en la madrugada del 30 de junio del año pasado. Clara Gómez González, la madre de Erika, es una de las tres supervivientes. Su declaración como testigo a los pocos meses del suceso dio un vuelco en la investigación oficial. Por ahora van ocho detenidos y dos juicios abiertos, uno militar y otro civil, para dilucidar si lo que ocurrió aquella noche fue únicamente un enfrentamiento –como defiende el ejercito– o los soldados mataron sangre fría a la mayoría de los supuestos delincuentes, una vez que ya estaban rendidos y desarmados.
A Clara Gómez, de 37 años, que hasta ahora había permanecido en el anonimato por seguridad, la Justicia le ha puesto cuatro escoltas. “No se separan de mi por nada”, explica frunciendo los labios con cierto alivio en un sofá de la sede del Centro Prodh, los abogados que la asisten. Dice que de ánimos está “un poquito mejor” y con “fuerzas para seguir explicando la verdad de lo que pasó en Tlatlaya”.
Cuenta que llegó a aquella recóndita bodega siguiendo los pasos de su hija. Hacía semanas que no sabía nada de ella. Clara Gómez es maestra rural y pasa meses enteros en los cerros, enseñando lo básico a los niños de las comunidades donde no llega la educación convencional. “Yo no estaba muy enterada porque me iba a la sierra a trabajar. Me lo dijo mi mamá, que la niña no iba por casa”. Erika, la menor de cuatro hermanos, vivía con su madre, su abuela, dos tíos y 10 primos en una casa con piso de tierra en Arcelia, un pequeño municipio de Guerrero pegado al Estado de México.
Esa zona fronteriza de Guerrero, el segundo Estado más pobre de México, tiene una fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada. En los pequeños pueblos colonizados por el narco es una práctica habitual de las redes mafiosas captar a las niñas directamente de las escuelas. “Ven a las muchachas más bonitas, pues las que tienen mejor cuerpo y nada más se las llevan. Así es como hacen”. Las familias suelen apostar por mantener el contacto y negociar el precio del regreso. “A veces vuelven, porque las usan y las botan. Pero otras no regresan y ya no sabes nada más de ellas”, explica la madre de Erika.
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Por eso ella decidió ir en busca de su hija. Tras una semana preguntando por el pueblo la niña la llamó el 29 de junio para verse esa misma tarde. Llegó en una furgoneta blanca. Dentro venían también cuatro hombres. Estaban armados. Apenas habló con su hija. “Le dije que yo iba a por ella. La vi muy seria, no decía nada. Fue muy poco tiempo, nada más me dijeron que subiera a la camioneta y me llevaron con ellos a la bodega”.
Recuerda que los hombres eran muy jóvenes, “puros muchachitos”, y que tenían “armas largas”. Uno le pidió el teléfono. “Me quitaron el chip porque me dijeron que sino yo les iba a echar al Gobierno, y me llevaron a una esquina”. Tenía un coche aparcado en frente que la impedía ver. “Pero se oían muchas voces”. Allí se quedó hasta que arrancaron los disparos, que según ella, empezaron de fuera a dentro.
Duraron como 20 minutos. Un informe de la PGR (Fiscalía) filtrado a la prensa registró 172 disparos: 160 de los militares y 12 del grupo de la bodega. Cuando terminó el tiroteo, escuchó “ríndanse, somos el ejército, les vamos a perdonar la vida”. Clara seguía escondida y vio como ocho soldados entraron en la bodega. Algunos cuerpos yacían en el suelo. Al resto, ya desarmados, los fueron colocando uno a uno contra la pared. Les preguntaron su nombre, de dónde eran, cómo era su apodo. “Les herían y nada más les daban un balazo. Había algunos que todavía no se acababan de morir. Se veían bien feo como les hacían. Estaba horrible”.
La investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos apunta que al menos 12 de los civiles –entre ellos dos menores de edad–fueron asesinados a sangre fría. Y que además, la escena del crimen fue manipulada para hacer creer que todos habían caído durante un cruce de disparos. Entre 35.000 y 45.000 soldados patrullan por las calles de México desde que el presidente Felipe Calderón decidiera la década pasada poner al ejército en primer línea del combate contra el narcotráfico
Clara Gómez estuvo detenida durante seis días. Denuncia tratos vejatorios, que han sido corroboradas por la CNDH, y coacciones para que declarara que ella también pertenecía al crimen organizado. “Yo les dije que no sabía nada. Pero no me querían creer”. Su hija iba a cumplir 15 años en otoño y le había prometido llevarle a un restaurante a comer su plato favorito, mojarras fritas.
