Hace seis años que la hondureña Dilma Pilar Escobar busca a su hija Olga. Antes de abandonar su casa para buscar trabajo en Estados Unidos, la joven le dejó a su madre su hijo pequeño para que se lo cuidara. Olga nunca llegó a su destino. Pasó a formar parte de los incontables migrantes centroamericanos desaparecidos durante su tránsito por México. Su compatriota Vilma Leticia López sí sabe qué le ocurrió a su esposo, José Enrique Velázquez. Él fue una de las 49 víctimas de la masacre de Cadereyta, Nuevo León. “Nos entregaron solo pedazos”, recordó este viernes entre lágrimas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
“Quiero un camino de justicia y la reparación para mí y para todas las familias y que se castigue a los culpables”, reclamó durante una audiencia sobre el acceso a la justicia para personas migrantes en México. El deseo de Dilma Pilar: llegar a saber qué ocurrió con su hija, y no tener que peregrinar, como ha tenido que hacer, por México y hasta EE UU, en busca de una pista.
Hasta ahora, Dilma Pilar y Vilma Leticia no eran más que dos casos más en un drama del que ni siquiera se tienen cifras concretas. “La tragedia de los migrantes no es menor que (el drama de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos) de Ayotzinapa, pero tiene mucha menor visibilidad”, lamentó Felipe González, relator sobre los derechos de los Migrantes de la CIDH.
Pero sus ansias de justicia y saber dieron un paso de gigante este viernes con el compromiso en firme del Gobierno mexicano ante la CIDH de crear un mecanismo transnacional de acceso a la justicia para víctimas y familiares de migrantes extranjeros desaparecidos.
Este mecanismo consiste en una serie de acciones coordinadas por el Gobierno mexicano para que las familias centroamericanas -o de otro lugar- que tienen algún familiar víctima del tránsito “puedan acceder a la justicia, a la atención, a la reparación desde el lugar donde están, sin necesidad de que vayan a otro país”, explicó Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia que este viernes hizo la petición formal del mecanismo. Este empezará probablemente con un paso tan sencillo -pero dilatado hasta ahora- como crear las condiciones para que las embajadas y consulados mexicanos en los diferentes países puedan atender estos casos y coordinar con otras agencias y organismos su tramitación.
Aunque el embajador mexicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Emilio Rabasa, aseguró que la puesta en marcha de las discusiones para crear el mecanismo será “cuestión de semanas”, no ocultó que la fecha para que este funcione efectivamente no será tan pronta.
“Tenemos que tenemos que definir los mecanismos de recepción de las denuncias y del trámite de los mismos para que no nada más quede en llevar un papel a una oficina”, adujo.
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El diplomático anunció además su intención de proponer la habilitación de la Comisión de Asistencia a Migrantes (CAM) de la OEA, que consideró “ha estado adormecida frente a este problema”. “La OEA podría poner el peso a través de todas sus oficinas en los países para que se presione a los gobiernos y haya una mayor unidad de criterios en el tratamiento del problema”, señaló.
Álvaro Botero, abogado especialista en temas migratorios de la CIDH, también es consciente de que el mecanismo no será cosa “del día a la mañana”, por la dificultad de los pasos a coordinar, muchos de ellos entre varios países.
“Lograr la coordinación entre los Estados donde aparecen esos cuerpos y los países donde están sus familias es clave, así como detalles técnicos en materia de información ante mortem y post mortem”, enumeró. Pero considera que en tanto que lo más importante es la voluntad política de los Estados para crear un entramado de este tipo, el compromiso expresado este viernes por México es un “buenísimo primer paso”.
Y que podría constituir, subrayó, un precedente internacional.
“Este mecanismo que no existe en ninguna región, que apenas es algo que la comunidad internacional está discutiendo, podría ser un mecanismo líder para dar soluciones a esa problemática” que, subrayó Botero, no es exclusiva de México y Centroamérica.
“Estos indocumentados que son invisibles aparecen en un Estado que no es su Estado, sus familias no tiene acceso para llegar hasta ahí y simplemente terminan en un cementerio de pueblo, enterrados con un ‘NN’ como hay muchos en el norte de África, en Lampedusa o en la frontera con EE UU”, recordó.
