Marissa escapó de Guinea Conakry junto a su hija de cinco años para evitar que le hicieran la ablación, pero jamás pensó que al llegar a Fuerteventura la apartarían de la pequeña, a la que enviaron a un centro de menores hasta que unas pruebas de ADN demostraran que ella era su madre. Desde entonces, han pasado casi dos meses.
El suyo no es un caso aislado. Se está repitiendo en las últimas semanas y es la aplicación directa de las directrices de la Fiscalía de Menores para prevenir el tráfico de niños, cuyos efectos critica abiertamente la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario, a quien compete la tutela de los niños en desamparo.
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Explica que «cuando llegan al puerto, a los niños los envían a centros de menores y a los adultos a una nave en el muelle (donde les hacen la PCR y filiación); luego a otra nave a pasar la cuarentena de la covid y después al albergue, pero a los niños no se los devuelven hasta que no salga la prueba de ADN, que suele tardar entre tres y cuatro meses». Las madres «viven esto de forma muy dramática, porque no saben dónde acudir», dice Martín.