El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó este viernes, por decreto, el presupuesto nacional para 2017, pasando por alto al Parlamento de mayoría opositora, una decisión inédita que hace temer una profundización de la crisis económica y política en el país petrolero.
«Aquí está el presupuesto de 2017 y la ley de endeudamiento. Cúmplase. Pido el apoyo del pueblo, de la unión cívico militar, de la calle», afirmó Maduro al firmar el decreto en un acto en las afueras del Panteón Nacional en Caracas.
Ante cientos de seguidores, el presidente socialista explicó que fue autorizado a emitir el decreto hace dos días por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que le quitó esa facultad constitucional al parlamento por considerarlo en «desacato».
Maduro justificó el decreto al asegurar que en Venezuela «no hay Asamblea Nacional», sino un «foro político que funciona en desacato», y que necesita el presupuesto, de 8,4 billones de bolívares (12.847 millones de dólares a la tasa oficial más alta), para la inversión social.
Acompañado por grupos de chavistas, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz llevó el documento firmado a la sede de la Sala Constitucional del TSJ, al que la oposición acusa de servir al gobierno.
«Esto es un presupuesto ‘de facto’, paralelo. La Sala asume la función que sólo puede ejercer quien representa al pueblo, o sea la Asamblea», que debe ejercer el control de las finanzas, dijo a la AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández.
El TSJ argumentó su decisión al declarar a la Asamblea Nacional en desacato por haber juramentado a tres diputados opositores, cuya elección está suspendida por una acusación de fraude hecha por el chavismo.
Este es un nuevo choque del conflicto de poderes que vive el país desde que hace diez meses la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumió, por primera vez en 17 años de hegemonía chavista, el control del parlamento. No obstante, todas sus decisiones han sido anuladas por el TSJ.
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El desplome de los precios del petróleo afecta los ingresos fiscales y la disponibilidad de divisas de Venezuela, 96% de las cuales dependen del crudo. Aún así, precisó Maduro, el 83% del presupuesto se financiará de los impuestos y sólo un 17% de los hidrocarburos.
La crisis, que el gobierno atribuye también a una «guerra económica» del sector privado, se refleja en una grave escasez de alimentos y medicinas, y una inflación y contracción económica que el FMI proyecta en 450% y 10% -respectivamente- para 2016.
La oposición culpa al gobierno de la crisis, por lo que impulsa un referendo revocatorio del mandato de Maduro, elegido en 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez, para un periodo que concluye en enero de 2019.
Con el objetivo de que el referendo sea este año para que haya elecciones anticipadas, la MUD buscará recolectar, del 26 al 28 de octubre, las cuatro millones de firmas que requiere para que el poder electoral, al que también acusa de estar controlado por el gobierno, convoque a la consulta.
«A Maduro no lo tumba nadie, menos estos oligarcas», aseguró el mandatario socialista, entre la ovación de sus seguidores, prometiendo una mejoría económica.
El presupuesto, 73,6% del cual será dedicado a la inversión social, fue calculado con un precio promedio de 30 dólares el barril de petróleo, que Maduro estimó moderado, aunque dijo confiar en que habrá una recuperación.
La percepción de debilidad financiera de Venezuela ha llevado al gobierno a traspasar divisas de fondos extrapresupuestarios a las reservas internacionales, que cuentan con 11.850 millones de dólares a octubre.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas alertó ante lo que consideró un «atentado contra el orden Constitucional en un área tan relevante» como la economía y la «institucionalidad democrática». AFP
