El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió este jueves a los empleados públicos votar «sin excusa» el 30 de julio, cuando se elegirán los miembros de una Asamblea Constituyente que la oposición llamó a desconocer.
«Si tenemos 15.000 trabajadores (en una entidad pública), deben votar los 15.000 trabajadores sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía. ¡Vamos todos a votar por la Constituyente!», dijo Maduro durante un acto de campaña en Guayana (sureste).
El mandatario emplazó a sus funcionarios a tomar las nóminas de «todas las instituciones y empresas» estatales y organizar mecanismos para que los trabajadores participen «en cambote (masivamente)».
En Venezuela hay unos 2,8 millones de trabajadores públicos.
El año pasado, organizaciones sindicales denunciaron despidos de empleados del Estado por firmar en apoyo a un referendo revocatorio que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) promovía contra el gobernante socialista, bloqueado por la justicia en octubre.
Según cifras suministradas a la AFP por la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), hubo unas 1.250 destituciones. El sindicato denunció estos casos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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El poderoso líder chavista Diosdado Cabello llamó entonces a revisar «firma por firma» en busca de directivos -que en Venezuela son de libre remoción- que hubieran suscrito el pedido de referendo.
«Si hay escuálidos (opositores) infiltrados y quedan al descubierto, tienen que irse», advirtió.
La MUD se negó a postular candidatos a la Constituyente, que considera un «fraude» de Maduro para perpetuarse en el poder, y llamó a la desobediencia civil para impedirla entre protestas que exigen la salida del mandatario y dejan 91 muertos en poco más de tres meses.
Sin embargo, el presidente insiste en que su proyecto «es el único camino» para superar la grave crisis política y económica del país.
Por ello, el oficialismo postuló a cuadros fuertes como el propio Cabello, la excanciller Delcy Rodríguez o la primera dama, Cilia Flores.
El poder electoral, acusado por la oposición se servir al gobierno, validó unas 6.000 candidaturas. AFP
